Reinician juicio a los Sánchez Paredes por lavado de activos
Sin fin. Desde hace más de dos, Fiscalía, abogados y Procuraduría debaten un peritaje económico que abarca actividades comerciales desde 1970.
Por videoconferencia, la Corte Superior Penal Nacional reinició el juicio a la familia Sánchez Paredes por un presunto lavado de activos procedentes del narcotráfico que se habría dado en los años 80.
El proceso ya cumplió 12 años y siete meses desde que en enero del 2008 el fallecido expresidente Alan García ordenó a la Policía investigar a esta familia trujillana, y el juicio se encuentra a cargo de la Tercera Sala Penal para casos del antiguo código procesal penal, de la Corte Superior Penal Nacional.
Los motivos del expresidente García para ordenar esta investigación permanecen en el misterio. Durante décadas los Sánchez Paredes fueron considerados benefactores o financistas del partido Aprista. De hecho, aportaron a la campaña del 2006 que permitió a García su segundo mandato presidencial.
La investigación policial y fiscal se inició en medio de un litigio judicial de los Sánchez Paredes con una empresa canadiense por la propiedad de una mina de oro. Con el escándalo y el proceso, cedieron a los pretensiones de los canadienses que se quedaron con la mina.
Juicio
En tanto, desde hace dos años, el juicio público se ha entrampado en el análisis de una de las 17 pericias presentadas por la Fiscalía y los abogados de la defensa para justificar el origen del dinero. Justamente, el juicio se reinició y continúo con el análisis al perito económico Jhonny Hidalgo Benito.
En un proceso por lavado de activos los peritajes económicos y contables son la prueba principal. Este análisis consiste en preguntar al perito qué documentos tuvo en cuenta y qué herramientas técnicas utilizó para llegar a sus conclusiones, en un interesante desarrollo de la historia económica del país.
Los documentos registran los antiguos soles de oro, pasan al inti, inti millón, las devaluaciones y crisis económicas, retornan al nuevo sol y llegan hasta el símbolo monetario actual. Como historia es muy interesante, pero para el desarrollo juicio está en duda su utilidad.
En la audiencia del miércoles, el abogado defensor Miguel Servigón cuestionó que la Fiscalía pregunte al perito sobre documentos contables de los años 70, si la acusación se refiere a un evento ocurrido en septiembre de 1988, una década después.
La Fiscalía atribuye a los hermanos Orlando, Manuel y Fortunato Sánchez Paredes; su sobrino Fidel Sánchez Alayo y al administrador Jesús Esteves de haber formado su fortuna a partir de un dinero que habría dejado en México su hermano Segundo Simón.
El hermano fue asesinado en un rancho donde se encontró un laboratorio de droga. Los hermanos aseguran que desde México no vino nada, porque las autoridades de ese país incautaron todo. Pero, la fiscalía se ampara en la existencia de un poder que Segundo Simón dejó a sus hermanos y que se habría ejecutado entre septiembre de 1988 y abril de 1989.
Hidalgo es uno de los 17 peritos presentados por Orlando Sánchez Paredes. La Fiscalía y los otros acusados tienen sus propios peritos, que también tendrán que ser examinados. Así, el juicio pude durar varios años más. El interrogatorio a Hidalgo comenzó en julio del 2018, es decir, hace más de dos años. En tanto, que el juicio público había comenzado en enero del 2017, es decir hace tres años y siete meses.
Esto supone que el análisis de uno solo de los peritos abarca más del 60% de todo el juicio. La fiscalía tiene el objetivo de desacreditar el peritaje económico, todos favorables a los procesados, para solicitar a la Sala Penal que ordene un nuevo peritaje de oficio. Realizar un nuevo peritaje, en el mejor de los casos podría demorar unos ocho meses más en elaborarse y, de nuevo, debatirse.
El tiempo corre en contra
El juicio podía quedar en nada por el transcurso del tiempo. El Tribunal Constitucional en el caso del general Walter Chacón Malaga señaló que la excesiva duración de un juicio afecta el plazo razonable y el debido proceso. Los jueces no pueden demorar un proceso judicial más de 10 años. Eso, dijo el TC, afecta el debido proceso y ocasiona la perdida de la legitimidad del Estado para perseguir el delito.
El abogado Alfredo Sánchez Paredes señaló que no acudirán a este precedente, pues están seguros de su inocencia y buscan la absolución.
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