COVID-19: más de 200 artículos de protección dados a trabajadores en penales serían “inservibles”
Guantes, mascarillas y otros implementos de seguridad destinados al personal que labora en 4 penales de Lima serían de baja calidad.
El lunes 18 de mayo, la Administradora de Salas de Audiencias Penales de los Establecimientos Penitenciarios de Lima (ASAEP) encontró que 228 artículos de seguridad recibidos de la Gerencia de Administración y Finanzas del Poder Judicial (PJ) para evitar el contagio de los trabajadores judiciales en las prisiones, eran “inservibles” para dar una respuesta adecuada en centros donde el coronavirus (COVID-19) ya ha cobrado algunas vidas.
200 guantes desechables, 20 mascarillas, 4 overoles y 4 protectores faciales “no cumplían con los estándares de protección personal”, manifestó el memorándum de la jefa de ASAEP, Vanessa Aliaga Castillo, quien tiene a su cargo las salas de audiencias de las prisiones de San Juan de Lurigancho, Ancón I, Miguel Castro Castro y el de Santa Mónica en Chorrillos.
Según la Gerencia General del PJ, sin embargo, los equipos sí cumplen con los parámetros del Ministerio de Salud, solo que tienen distintas certificaciones y de diferentes marcas a las que habitualmente adquiría la ASAEP.
En el documento dirigido el 19 de mayo de la recepción a la Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación, se destaca el reporte detallado de los artículos y la decisión de devolverlos debido a que, según Aliaga, no estaban aptos para su uso.
En lugar de recibir mascarillas N95, que captan el 95 % de partículas diminutas y asociadas a la transmisión del virus, fueron entregados los respiradores C-N95, “un producto distinto, de inferior calidad y sin nivel de protección”.
Acerca de los guantes, se destacó que los enviados cuyo material es de látex “se rompen con mucha facilidad, siendo entregados a pesar que tienen conocimiento que hemos adquirido anteriormente guantes de nitrilo”. El acta de devolución mencionó con el mismo énfasis que los protectores faciales no son removibles y los overoles de talla L no son de bioseguridad.
El memorándum también relató las condiciones laborales de estrés y exposición de los trabajadores en los penales así como en las audiencias donde deben participar como fedatarios.
Memorando que rechaza los artículos.
Poder Judicial: “Artículos sí cumplen los protocolos”
Este diario se comunicó con la Gerencia General del Poder Judicial para obtener respuestas sobre el asunto y las demandas de ASAEP. Desde allí indicaron que Aliaga devolvió las mascarillas “porque lo comprado no es de la misma certificación ni marca que la que ella compró cuando usaba el dinero de la caja chica” dada por la Gerencia General.
A ello agregaron que, poco después de publicados los protocolos de seguridad laboral del Ministerio de Salud y del Poder Judicial, dicha Gerencia adquirió 1600 unidades de los respiradores C-N95 (de menor costo), con la indicación del doctor Luked Picon Santillana, contratado para atender a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Este indicó que “en el mercado existen diversas mascarillas N95 de diferentes certificaciones y marcas. Todos estos productos cotizados cumplen con las características del factor de protección N95”.
En relación con los 200 guantes desechables y los protectores faciales y overoles, respondieron que “no hay nada que corregir”, en alusión a la devolución de ASAEP y que “los materiales de protección adquiridos por la Gerencia cumplen con las especificaciones y protocolos. Se compran los bienes con las especificaciones técnicas, no se tiene en cuenta el origen, la producción ni la marca”.
Por último, señalaron que los artículos comprados anteriormente por ASAEP fueron adquiridos como si fueran destinados a personal de alto riesgo, cuando están comprendidos en el nivel de mediano riesgo de contraer el COVID-19.
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