Líderes de la ONU piden reducir hacinamiento y atender a presos ante avance del COVID-19
ACNUDH, UNODC, ONUSIDA, OMS y PNUD reclaman una respuesta integral de salud pública, proteger a los reos y personal penitenciario, deshacinar las prisiones y atender a los que se hayan contagiados.
En una declaración conjunta, los lideres de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Oficina contra la droga y el delito (UNODC), la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (ACNUDH), del Programa Conjunto sobre el VIH/sida (ONUSIDA) y el Programa para el Desarrollo (PNUD) pidieron a los gobiernos adoptar medidas en materia de salud pública en los centros penitenciarios y deshacinamiento, ante el avance del coronovirus causante del COVID-19.
“Se debe garantizar la aplicación de las medidas preventivas necesarias, con el fin de asegurar un enfoque con perspectiva de género y evitar brotes aún mayores de la enfermedad del coronavirus. Igualmente, insistimos en la necesidad de establecer un sistema de coordinación actualizado que reúna a los sectores sanitarios y judiciales, mantenga bien informado al personal de prisión y garantice el respeto en estos centros a todos y cada uno de los derechos humanos”, precisa el documento suscrito por los directores ejecutivos Ghada Fathi Waly de la UNODC; Tedros Adhanom Ghebreyesus, de la OMS; Winnie Byanyima de ONUSIDA y Michelle Bachelet de ACNUDH.
Señalan que la sobrepoblación observada en muchos centros de detención, mina la higiene, la salud, la seguridad y la dignidad humana por lo que dar una sola respuesta sanitaria frente al COVID-19 en estos entornos cerrados será insuficiente. “Dicha sobrepoblación constituye un obstáculo insuperable de cara a la prevención, la preparación o la respuesta a la COVID-19”, precisan.
Por lo cual, piden a todos los lideres políticos que consideren, en este momento de emergencia sanitaria a la privación de libertad y la prisión preventiva, como un último recurso.
“Los animamos a todos a esforzarse por adoptar otras medidas no privativas de libertad. Estos esfuerzos deberían abarcar también mecanismos de liberación para las personas con mayor riesgo de contraer la COVID-19, como la gente mayor y los presos con enfermedades previas. Del mismo modo, proponemos liberar también a otras personas cuya libertad no comprometa la salud pública, por ejemplo, individuos condenados por delitos menores y no violentos, prestando una consideración especial hacia las mujeres y los niños”.
Además, piden a “todos los Estados que garanticen en todo momento, no solo la seguridad, sino también la salud, el bienestar y la dignidad humana de las personas privadas de su libertad y de quienes trabajan en los centros de detención. Esta obligación ha de imperar siempre, con independencia del estado de emergencia”.
Igualmente, reclaman prestar especial atención a las personas con enfermedades preexistentes y garantizar que sigan recibiendo los tratamientos médicos durante su detención.
“Entre la población en prisión hay una sobrerrepresentación de personas con trastornos por uso de sustancias, VIH, tuberculosis (TB) y hepatitis B y C, en comparación con la población general. La tasa de infección de enfermedades en población tan confinada es también más elevada que entre la población general. Más allá de la infectividad normal de la pandemia de COVID-19, las personas con trastornos por uso de sustancias, VIH, hepatitis y TB podrían tener mayor riesgo de complicaciones derivadas de la COVID-19”.
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Las organizaciones también piden atender la seguridad del personal que trabaja en los penales. “Las autoridades deben garantizar el acceso constante y el flujo de productos sanitarios de calidad a las cárceles y a otros centros de detención. El personal, los profesionales sanitarios y los proveedores de servicios que trabajan en ambientes cerrados deberían ser considerados una fuerza de trabajo esencial para la respuesta a la pandemia de COVID-19 y, en consecuencia, deberían recibir los equipos de protección personal y el apoyo que tanto necesitan”.
Las reglas Nelsón Mandela
Ante el cierre de penales, piden que para disminuir el impacto negativo de esta medida, se mejorar el acceso a los teléfonos y las comunicaciones digitales para mantener la comunicación de las personas privadas de la libertad con sus familiares.
Los líderes de las organizaciones de las Naciones Unidas señalan que en toda intervención en las cárceles debe respetar las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, conocidas como las Reglas Nelsón Mandela.
Igualmente, piden garantizar la atención medica a las personas privadas de su libertad que presenten síntomas del coronavirus y hayan dado positivo para el COVID-19. “Las cárceles y otros centros de detención deben formar parte de los planes nacionales para la COVID-19 con la participación dedicada de los grupos de población afectados. Deben comunicarse todos los casos de COVID-19 en ambientes cerrados a las autoridades sanitarias públicas responsables, quienes después lo comunicarán a las autoridades nacionales e internacionales”.
