Keiko Fujimori: Poder Judicial ordena 15 meses de prisión preventiva en su contra

El Ministerio Público le imputa a Keiko Fujimori los delitos de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir, organización criminal, obstrucción a la justicia, falsa declaración en proceso administrativo, fraude procesal y falsedad genérica.

Quien determinó la orden de prisión preventiva por 15 meses para la excandidata presidencial fue el titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, Víctor Zúñiga Urday.

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El juez encontró elementos de convicción que configuran “sospecha grave” para determinar que es conveniente que Keiko Fujimori cumpla prisión preventiva a fin de que no obstruya a la justicia, mientras la fiscalía prepara la acusación en su contra.

En ese sentido, dio por comprobados los tres presupuestos necesarios para dictar prisión preventiva: fundada existencia del delito, pena alta: posibilidad de fuga; y falta de arraigo laboral y económico, pues carece de trabajo y bienes.

Rafael Vela destacó el trabajo del Ministerio Público

El coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, señaló que el trabajo realizado por el Ministerio Público reunió los elementos suficientes para sustentar la prisión preventiva y frente a ello, el juez ha sido riguroso con la evaluación.

“El juez ha sido riguroso y exhaustivo en el análisis de cada elemento de convicción presentados para sustentar la prisión. Se revela de forma plausible que el avance de la investigación ha arribado a la comprobación de graves sospechas respecto a la comprobación del delito que nos aproxima hacia la fase final de investigación", sostuvo Vela.

Asimismo, señaló que los argumentos de Giulliana Loza, defensa de Keiko Fujimori, no son nuevos elementos de convicción. “La señora Fujimori ha tenido el pleno ejercicio de su derecho a la defensa, de expresar todas sus motivaciones; el juez las ha evaluado y las ha descartado”, enfatizó.

Los presuntos delitos de Keiko Fujimori

El partido Fuerza Popular recibió aportes millonarios por parte de empresas para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.

Los montos no fueron reportados ante la ONPE, pues el fujimorismo no señaló que esas inyecciones económicas provenían de compañías como Odebrecht, de acuerdo a la tesis fiscal.

Los aportes -tanto de Odebrecht como de otras empresas- se simularon ante la ONPE a través de personas que luego negaron en sus testimonios haber brindado apoyo económico a Fuerza Popular(falsos aportantes).

A la vez, para intentar descartar que recibió respaldo de Odebrecht (caja 2), habría intercalado el dinero ilícito de esa constructora con el monto proveniente de otras empresas como Intercorp, Grupo Gloria.

Con ello, Keiko Fujimori buscó argumentar que los aportes presuntamente lícitos que se obtuvo para su campaña eran de esas compañas y no de Odebrecht.

A la vez, el juez Víctor Zúñiga resaltó que Keiko Fujimori habría conocido los actos de conversión y transferencia de los montos ilegales recibidos para su campaña del 2011, tesis que sustenta la fiscalía.

Recalcó que existe sospecha grave que la persona que dirigía toda la organización era Keiko Fujimori, por lo que tenía participación en toda actividad dentro del partido.

Keiko Fujimori ya cumplió prisión preventiva desde noviembre de 2018 a noviembre de 2019.

Quedó en libertad luego que el Tribunal Constitucional admitiera un hábeas corpus presentado a su favor. No obstante, Ministerio Público solicitó que regresara a prisión.