Juez resolverá en tres días si Oviedo seguirá en prisión preventiva

En un plazo de tres días, el titular del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Carlos Chanamé Chumán, resolverá el pedido de cesación de prisión preventiva de Edwin Oviedo Picchotito, que sustentó en audiencia pública su abogado, César Nakazaki.

Oviedo se encuentra recluido en el penal de Chiclayo desde el 6 de diciembre del 2018, como presunto autor mediato de los asesinatos de los trabajadores de la azucarera Tumán Percy Farro Witte y Manuel Rimarachín Cascos.

En audiencia de aproximadamente hora y media, tanto la defensa del empresario y expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) Edwin Oviedo como el fiscal del caso, Juan Carrasco Millones, expusieron sus respectivos argumentos.

“Sustenté el pedido de cesación y el fiscal a su vez ha introducido una serie de documentos vinculados a investigaciones que está haciendo de otros casos. El juez precisó que el tema de discusión es si los motivos que dieron lugar a la prisión preventiva se mantienen a la fecha o no”, explicó Nakazaki.

El abogado de Oviedo señaló que el caso “Los Wachiturros de Tumán” ha sufrido una serie de presiones a lo largo del tiempo, por lo tanto espera con atención la decisión del juez.

En el caso de Edwin Oviedo, la prisión preventiva se dictó fundamentando supuesto peligro probatorio, ya que en su momento se estimó que Oviedo en libertad podía influir sobre los testigos.

Sin embargo, según su defensa, todos los testigos que motivaron la privación de la libertad del empresario ya declararon. Por tanto, el motivo de la prisión preventiva ha desaparecido.

Por su parte, a la salida de la audiencia, el fiscal Juan Carrasco declaró a los medios de comunicación que espera que el juez confirme la prisión preventiva contra Oviedo por ser proporcional y constitucional.

“Hemos presentado todos los argumentos, esa resolución ha sido revisada por la sala, siempre ha sido confirmada”, dijo Carrasco.

“La prisión preventiva está dentro de lo proporcional porque para un caso de crimen organizado siempre es un plazo de 36 meses y solo se ha otorgado un plazo de 18 meses, que es lo que ha pedido la Fiscalía y es proporcional, razonable y constitucional, por lo tanto debe ser confirmada la prisión preventiva”, añadió el fiscal.

Amenazas al fiscal

La denuncia pública del fiscal Juan Carrasco sobre la existencia de un presunto plan para atentar contra su vida también fue parte de la audiencia donde se argumentó el cese de prisión preventiva de Edwin Oviedo. El hecho fue cuestionado por el abogado del empresario.

“El fiscal Carrasco siempre pretende ir a los medios de comunicación para generar presión en torno a los casos. Ahora, en plena audiencia, ha tratado de introducir esa información (las amenazas al fiscal) y, según he podido revisar, no había nada que incrimine a Edwin Oviedo”, explicó Nakazaki.

El abogado defensor de Oviedo informó que se presentará ante el director del penal para esclarecer el tema.

“Dentro de lo que pude leer, hay una investigación que sería del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), donde dan cuenta de que algunas personas estarían tramando algo en contra del fiscal Carrasco. Pero de lo que he revisado, no hay nada que vincule a Edwin Oviedo”, indicó Nakazaki.

Sobre el tema, el fiscal Juan Carrasco Millones informó que las razones que generan sospechas hacia Edwin Oviedo como autor de este supuesto plan ya fueron remitidas al INPE en un informe para las investigaciones pertinentes que determinarán las responsabilidades.

“Yo pude no haber venido a esta audiencia, pero mi sentido de responsabilidad es muy elevado y tenemos que enfrentar todo lo que se venga”, manifestó el fiscal Juan Carrasco.

Manifestaciones a favor y en contra

- Minutos antes de la audiencia, trabajadores provistos de banderolas y carteles de la empresa Tumán llegaron a la Corte de Justicia de Lambayeque para exigir la liberación de Edwin Oviedo. La policía dispuso un cordón de seguridad para evitar eventuales conatos de violencia.

- También llegó otro grupo de trabajadores de la antigua cooperativa, pero más bien exigían que el exdirigente de la Federación Peruana de Fútbol continúe preso en el penal de Chiclayo, pues lo consideran supuestamente culpable de los homicidios que se registraron en el distrito de Tumán.