En medio de los testimonios dados al fiscal José Pérez por empresarios que aportaron en efectivo a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011, la Confiep se pronunció negando que estos montos hayan tenido un origen ilícito.
En comunicado, el gremio confirma que sí recibió US$ 200 mil de la constructora brasileña Odebrecht para su “Campaña II” entre 2011 y 2012, una extensión de las actividades generales de la “Campaña integral de comunicación para promover la economía de mercado e inversión privada” que tuvo lugar entre los años 2009 y 2011. Así, la “Campaña II” habría “reforzado dicha difusión mediática del modelo económico” y “recaudó fondos de diversas empresas asociadas a nuestros gremios empresariales, una de las cuales fue la brasileña Odebrecht, por la suma de US$ 200.000 a través de una transferencia interbancaria que generó el certificado de donación correspondiente”.
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Estos montos recaudados en la “Campaña II" sirvieron para la contratación de “estudios de investigación de mercado y la elaboración de estrategias de comunicación y posicionamiento de la empresa privada”.
Las pautas publicitarias, así, vieron la luz durante las elecciones presidenciales del 2011 y la segunda vuelta, en plena contienda electoral entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala.
“No promovemos ni financiamos partidos políticos o acciones de carácter político–partidario”, dice el gremio, y añade que el dinero de la “Campaña II” fue lícito. No obstante, el 28 de febrero del 2018, Jorge Barata declaró ante el Equipo Especial Lava Jato que entregó US$ 1′200.000 para la campaña de Keiko. Un millón fue dado a Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, mientras que el dinero restante fue dado a Ricardo Briceño, expresidente de la Confiep. El monto habría salido de la Caja 2 de Odebrecht, el fondo de dinero ilegal.
Sobre los aportes revelados por José Graña mediante la Cámara Peruana de Construcción (Capeco) por US$ 240 mil para la publicidad en contienda, la Confiep dice que “fue producto de aportes voluntarios de varias empresas”. También expresa que la Fiscalía conoce de los aportes de los empresarios desde abril del 2018. En el texto no se pronuncian sobre los US$ 3,6 millones aportados por Credicorp.