Piden excluir del caso La Centralita al fiscal Elmer Chirre por “manipulación de pruebas"

La difusión de conversaciones que implican al fiscal anticorrupción Elmer Chirre y su adjunto con el encarcelado Martín Belaúnde Lossio para adaptar sus testimonios a la hipótesis del Ministerio Público en el caso La Centralita, ya tiene sus primeros efectos.

Tras la apertura de una investigación contra Chirre y su adjunto Alan Castillo por parte de la Oficina Desconcentrada de Control Interno de la Fiscalía de Lima, se suma otro pedido que puede cambiar el panorama de las investigaciones fiscales y su manera de conducirse con los aspirantes a colaboradores eficaces.

La abogada del exgobernador regional de Áncash, César Álvarez, presentó un oficio dirigido al fiscal superior Luis Germaná Matta con el fin de que se excluya al fiscal anticorrupción Elmer Chirre del caso.

De acuerdo con el documento al que accedió La República, el oficio ingresó a Mesa de Partes a la 1:27 p.m. y solicita, en un primer extremo, que se incluya en calidad de “agraviado” a Álvarez, quien es investigado por el caso La Centralita y fue condenado a su vez el pasado 11 de junio a 8 años de prisión por recibir una coima de US$2,5 millones por parte de Odebrecht.

Reza también en el escrito que, una vez incluido en la investigación que dirige Germaná contra Chirre, “señale fecha y hora” para que se tome su declaración, pues hubo perjuicio a su derecho a defensa y una supuesta “fabricación de testigos o colaboradores eficaces en el caso La Centralita”.

Ello sobre la base de que, en otras dos ocasiones hubo denuncias similares contra Elmer Chirre por “coacción” de testigos.

En agosto del 2016, el investigado del caso La Centralita, Russell Binci López Sánchez, envió una carta desde el penal Miguel Castro Castro en el que detallaba que el fiscal Chirre le ofreció ser colaborador eficaz a cambio de que sindique como parte de la organización criminal a Belaúnde Lossio.

El documento también registra en su pedido a la Oficina de Control de la Fiscalía que Juan Calderón Altamirano, quien denunció los primeros hechos de corrupción en el caso La Centralita en 2011, fue tratado de manera similar por los exprocuradores Christian Salas Beteta y Yeni Vilcatoma.

En comunicación con este diario, la abogada de César Álvarez, Yessika Arteaga sostuvo que entregarán más documentos que sustentan estos antecedentes sobre ello a la Fiscalía en los próximos días.

“Hay declaraciones de colaboradores eficaces que se repiten uno con otro, que se ha hecho un copia y pega”, agregó la letrada. Así, añadió que el pedido se extiende al resto del equipo de Chirre, es decir, los fiscales que integran el Tercer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción tampoco deberían conocer el caso, pues intervinieron en la toma de declaraciones de colaboradores, transcripciones, entre otras tareas.

“[Elmer Chirre] debería retirarse por decoro ya que induce las declaraciones”, indicó. Ello debido a que en un segundo petitorio, también se indica que “Elmer Chirre y todo su equipo que está a cargo” sean excluidos del caso que conocen desde 2015.

La medida que solicita la abogada se ampara en que tanto Álvarez como “80 personas más que fueron investigadas, estuvieron encarceladas y están en la clandestinidad”. Acorde con el pedido, existieron “manipulaciones y supuesta fabricación y simulación de pruebas falsas como colaboradores eficaces”.

La Centralita y Martín Belaúnde Lossio

La revelación de The Intercept Brasil y OjoPúblico han puesto en debate la labor fiscal así como la visibilidad sobre el caso La Centralita.

Uno de los implicados es Martín Belaúnde Lossio, que en la investigación es aspirante a colaborador eficaz según trascendió ya en distintos medios. Este es acusado por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos por haber formado parte la presunta red criminal que lideró César Álvarez en la región Áncash.

Actualmente el caso se encuentra en etapa de control de acusación fiscal dirigida contra 50 investigados en el que el fiscal Elmer Chirre presenta alrededor de 2 mil medios de prueba. La abogada no descarta presentar próximamente un recurso de queja ante la jueza María Álvarez Camacho, quien dirige estas audiencias.