Inmunidad de excongresistas vencerá el 30 de octubre

Por: Liliana Rojas y Diego Quispe

Los excongresistas perderán su inmunidad parlamentaria el 30 de octubre. Solo conservarán ese derecho los 27 miembros de la Comisión Permanente. Según el artículo 93 de la Constitución este derecho queda sin efecto un mes después que cesaron las funciones de los legisladores.

El último lunes, como se sabe, el presidente Martín Vizcarra disolvió el Parlamento. A partir de esa fecha, el reloj corre contra los excongresistas que afrontan investigaciones en el Ministerio Público (MP).

Fuentes de La República constataron que hay 12 exparlamentarios con investigaciones en curso en la Fiscalía de la Nación. Un caso singular es el del fujimorista Joaquín Dipas, sentenciado en primera instancia a cinco años por colusión.

El 18 de junio, la Fiscalía solicitó el levantamiento de su inmunidad de arresto. Pero en el Congreso, Fuerza Popular y sus aliados le respondieron que la condena debía ser en una sala suprema del PJ, para poder aceptar el pedido.

A partir de noviembre, Dipas ya no estará protegido por su fuero. Y el PJ podría solicitar su detención.

Meses antes de su disolución, el Congreso también rechazó levantar el fuero de los excongresistas de FP Betty Ananculí y Moisés Mamani.

A Ananculí, el MP la investiga por presunta usurpación agravada y a Mamani, la Fiscalía de Puno lo acusa de falsedad genérica. Pasó lo mismo con el excongresista del Frente Amplio Wilbert Rozas, quien es investigado por delito doloso.

El PJ tampoco tuvo éxito cuando solicitó al Parlamento levantar la inmunidad de los exlegisladores Yesenia Ponce, de PPK; Edilberto Curro, del Frente Amplio; y Sonia Echevarría, de Acción Republicana.

Ponce es investigada por presunto delito contra la fe pública, Curro por falsedad genérica y Echevarría por usurpación agravada.

En tanto, otros excongresistas que afrontan indagaciones preliminares ante el MP son el exoficialista Carlos Bruce, por el caso “Los Temerarios del Crimen”; el acciopopulista Yonhy Lescano, por una denuncia de acoso sexual; el fujimorista Víctor Albrecht, por colusión y peculado doloso; la renunciante vicepresidenta Mercedes Aráoz por usurpación de funciones y el exoficialista Roberto Vieira por presunto cobro de sobornos a un pariente.

Después del cierre del Parlamento, Vieira intentó abandonar el país en dos ocasiones alegando “estrés”. En consecuencia, el último martes, el PJ le dictó impedimento de salida del país por 15 días.

Este año, el tema de la inmunidad parlamentaria fue un factor determinante que agudizó la relación entre el Ejecutivo y Legislativo.

En mayo, la Comisión de Constitución archivó una reforma política sobre dicho tema, ocasionando que el entonces premier Salvador del Solar plantee cuestión de confianza. El Pleno del Congreso se la otorgó en base a una nueva propuesta de ley del gobierno, pero luego modificó su esencia.

El Ejecutivo proponía que sea la Corte Suprema quien revoque la inmunidad de un congresista con problemas judiciales. Los fujimoristas y sus aliados insistieron en que esa decisión le compete al Parlamento.

Eso provocó que, en su mensaje del 28 de julio, el presidente Vizcarra interpretara que la confianza fue denegada, y propuso el adelanto de elecciones generales como la única salida a la crisis. Y ya sabemos lo que sucedió: la iniciativa fue archivada el 25 de setiembre en Constitución.

Inmunidad fue usada como impunidad

Un caso escandaloso en este Congreso disuelto fue el del excongresista de Alianza Para el Progreso (APP) Edwin Donayre, quien fue sentenciado a cinco años de prisión en dos instancias judiciales. El Parlamento dilató el levantamiento de su inmunidad parlamentaria. Cuando el Pleno anuló el fuero de Donayre ya era demasiado tarde. Está prófugo de la justicia desde mayo.

Los parlamentarios tienen tres tipos de inmunidad: de opinión, de proceso y de arresto. Cuando la Fiscalía investiga a un parlamentario recopila pruebas suficientes y si desea avanzar con la pesquisa solicita, a través del PJ, levantar el fuero legislativo. Este año, la discusión sobre la inmunidad parlamentaria fue un factor determinante que agudizó la relación entre el Ejecutivo y Legislativo.