Cerrón sigue fugitivo y Aduviri puede ir a prisión

Por: María Elena Castillo | Liubomir Fernández. Puno

Una de las primeras acciones del gobernador regional en funciones de Junín, Fernando Orihuela, tras la condena de prisión del hoy prófugo Vladimir Cerrón, fue encabezar una marcha por las calles de Huancayo para mostrar su respaldo al líder del partido Perú Libertario.

Junto a él caminó el ex gobernador regional de Cajamarca Gregorio Santos, quien está siendo procesado por corrupción, y acusó al Poder Judicial de una especie de “sicariato judicial” contra los que “discrepan radicalmente del modelo económico neoliberal”, ya que en pocos días se iba a firmar un acuerdo de unidad de la izquierda con un solo candidato.

Más temprano, Orihuela dio una conferencia de prensa en la que expresó su respaldo al gobernador regional e informó que el lunes pasado la autoridad presentó una solicitud de licencia sin goce de haber por 65 días, con el argumento de “organizar su defensa” en los procesos judiciales que tiene en curso. Al parecer sería una jugada para evitar que sea vacado por el consejo regional.

Ese mismo día, la jueza Susan Carrera, del Quinto Juzgado Anticorrupción de Junín, sentenció a Cerrón a cuatro años y ocho meses de prisión por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo para favorecerse con una obra de saneamiento en La Oroya.

Desde la clandestinidad, el gobernador regional, vía un comunicado, afirmó ser inocente y que la magistrada dio su veredicto presionada por intereses políticos, por lo que apelará.

El mismo día de la sentencia, la Policía emitió una disposición para ubicarlo, así como al alcalde de Huancayo, Henry López Cantorín, y dos exfuncionarios del gobierno regional de Junín. Hay efectivos policiales en las puertas de sus viviendas, y se especula que Cerrón puede estar en Chupaca, donde tiene familiares.

Aduviri ¿con preventiva?

Una situación similar podría ocurrir en Puno si el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria revoca la comparecencia restringida del gobernador regional Walter Aduviri, y acoge el pedido de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de dicha región de ordenar su prisión preventiva por un mes al existir un aparente peligro de fuga.

La autoridad regional está siendo procesada por el delito de disturbios en agravio del Estado por el caso “Aymarazo”, ocurrido en 2011. Entonces, presidía el Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, que ejerció medidas de protesta contra el proyecto minero Santa Ana, de la empresa canadiense Bear Creek.

Durante las manifestaciones, que duraron 45 días, se produjo saqueos y se incendió locales públicos, como la Sunat, Aduanas, Contraloría y la gobernación, así como de varias empresas privadas.

Aduviri fue condenado el 29 de diciembre del 2017 por este caso, y desde entonces permaneció prófugo, hasta que en octubre del 2018, la Corte Suprema revocó el fallo y ordenó un nuevo proceso, el cual ha estado afrontando en comparecencia.

La Fiscalía pidió que la revoquen señalando que el gobernador regional no cumplió con reportar los viajes que ha realizado, uno de ellos a La Paz, Bolivia, para reunirse con el presidente de dicho país, Evo Morales.

El requerimiento de detención preventiva es por un mes, en vista de que en los próximos días se debe dar lectura a la nueva sentencia.

Hoy, a las 2 y 30 de la tarde, se iniciará la audiencia que definirá su situación. Si ordenan prisión para él, su cargo quedará en manos del vicegobernador Agustín Luque, quien en junio último afirmó que si Aduviri es condenado, tiene capacidad suficiente para dirigir el gobierno regional.