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Opinión

Un golpe de Estado “a la antigua”, por Omar Cairo

"Cuando, en noviembre del 2000, Fujimori abandonó el gobierno, las principales instituciones políticas habían quedado destruidas".

larepublica.pe
CAIRO

Entrevistado por BBC News Mundo, Alberto Vergara afirmó que Alberto Fujimori fue “un poco pionero” del modelo utilizado por determinados líderes que, habiendo resultado elegidos, “desde el poder terminan ahogando a las democracias, muchas veces sin terminar de matarlas por completo, sino manteniendo estos autoritarismos competitivos, diría Levitsky: autocracias con elecciones y cierta competencia”. Eso formó parte del espíritu de la época, “en la medida en que en el mundo pos Guerra Fría ya no eran permitidos los golpes de Estado a la antigua”, agregó.

Sin embargo, el 5 de abril de 1992, Fujimori no instaló un “autoritarismo competitivo” en nuestro país. Ese día acabó con la democracia constitucional peruana mediante un golpe de Estado “a la antigua”, que clausuró las dos Cámaras del Congreso de la República, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Consejo Nacional de la Magistratura, e intervinieron el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. 

Este golpe de Estado contó con el respaldo manifiesto y efectivo de las Fuerzas Armadas. No olvidemos que, mientras el mensaje golpista era transmitido por la televisión, los tanques ya se encontraban rodeando la sede del Congreso de la República, y el domicilio del expresidente Alan García estaba siendo invadido por efectivos militares decididos a capturarlo (sin la presencia de un fiscal y sin una resolución judicial que dispusiera su detención). Horas después, grupos de soldados ingresaban a los medios de comunicación escrita, y a estaciones de radio y televisión. Posteriormente, se produjo el arresto domiciliario de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados.

En ese momento, Fujimori había dejado de ser presidente constitucional de la República y empezado a legislar mediante decretos leyes. Tres días después, el entonces diputado Pedro Cateriano, del Movimiento Libertad, manifestó que la constitucionalidad había “sido quebrantada de manera brutal, paradójicamente por una persona que fue elegida por la voluntad mayoritaria del país” y que, apoyado por las Fuerzas Armadas, “se ha convertido en un dictador”. Pidió, además, “iniciar la desobediencia civil contra la dictadura”.

Hasta entonces, el gobierno constitucional iniciado el 28 de julio de 1990 estaba llevando adelante una política de shock, con la que venía logrando estabilizar la economía y reducir la inflación. Pero, sin haberlo consentido, la mayoría de los peruanos (los pobres extremos, los pobres y la clase media) estaba pagando el costo (hambre, desempleo, desatención de la educación y de la salud públicas, entre otras calamidades) de los resultados macroeconómicos. Recordemos que, en las elecciones de junio de 1990, el candidato Fujimori obtuvo una indiscutible victoria frente a Mario Vargas Llosa, gracias a su promesa de no implementar una política de shock.

Fernando Rospigliosi (‘Consecuencias del golpe’. Caretas n° 1206. 10/4/1992) afirmó que el golpe de Estado haría crecer al terrorismo. Sostuvo que no había “mejor caldo de cultivo para el crecimiento de la subversión que una dictadura donde impera la arbitrariedad y donde no existen canales de participación institucionalizados para la población”. Advirtió, además, que, en ese momento, las “posibilidades de desintegración del Perú, de libanización” eran “mayores que nunca”. Lamentablemente, durante los meses siguientes se produjeron múltiples y terribles atentados, entre estos, uno contra el local del canal 2 y otro en la calle Tarata de Miraflores. Ante esta circunstancia, Rospigliosi (‘Guerra de papel’. Caretas n° 1227, 10/9/1992) concluyó que el gobierno estaba siendo incapaz de “oponer una política eficaz a la subversión”, y que se había “limitado a librar una guerra de papel” consistente en “decretos leyes, resoluciones administrativas y discursos”.

Apenas dos días después (12/9/1992), luego de un trabajo disciplinado, meticuloso y silencioso, el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la Policía Nacional del Perú, fundado en marzo de 1990, capturó a Abimael Guzmán. Pedro Planas (‘La lucha contra el mito’. Oiga n° 605, 21/9/1992) precisó que esta captura sorprendió “al mismísimo Fujimori, quien se encontraba esa noche en Iquitos”.

Cuando, en noviembre del 2000, Fujimori abandonó el gobierno, las principales instituciones políticas habían quedado destruidas. Pero esto no sucedió durante un período de ocho años de “autoritarismo competitivo” en el Perú. Fue la obra de la larga dictadura puesta en marcha mediante un golpe de Estado “a la antigua”, realizado el 5 de abril de 1992, durante el mundo pos Guerra Fría y con el respaldo manifiesto y efectivo de las Fuerzas Armadas.