Narcotráfico y política contra drogas del Perú, por Ricardo Soberón

Por Ricardo Soberón, presidente Ejecutivo de Devida

Es difícil tener una opinión objetiva sobre la dinámica del narcotráfico en el Perú, cuando la opinión pública se forma a partir de medias verdades, cuando no de noticias alarmistas o simples mentiras. Llevamos más de 50 años cumpliendo nuestros compromisos y la sociedad internacional, principalmente Europa y América del Norte, no logran reducir la demanda de cocaína por parte de 20 millones de usuarios, mientras los precios de una unidad de droga son de US$ 900 en chacra y US$ 40,000 en ciudades del norte.

Ningún producto alternativo logra esa performance. ¿Cómo enfrentamos ese dilema? Llamando a un renovado compromiso con los países donde se consume mayormente la cocaína. Aquí no sirven las noticias alarmistas.

No es verdad que el Gobierno quiere legalizar toda la coca del país. El Plan de Reducción de Espacio Cocalero 2022 financiado con recursos desde Devida tiene pensado erradicar 18,000 hectáreas de coca este año y ya llevamos más de 5,000 ha a marzo de este año, en el marco de la Política Nacional de Control de Drogas al 2030. Sabemos que hay un mercado de 12,000 toneladas métricas de coca legal anual, que no son satisfechas por ENACO.

Tampoco es verdad que exista ninguna articulación pro cocalera con parlamentarios o dirigentes cocaleros: durante estos seis meses de gestión, hemos conversado prioritariamente con organizaciones indígenas en Junín, Huánuco y Ucayali, para protegerlas en el marco del Convenio 169. Somos parte del Mecanismo de Protección a Defensores. Mantendremos las adendas con el pueblo asháninka non matsiguenga e incorporaremos a los katataibo y los shipibos conibos.

Ahora bien, si queremos reducir la coca, tenemos que hablar con los que tienen coca. ¿Es tan difícil entender?

Lo cierto es que el Vraem es una región muy sensible (30 años de TID, remanentes subversivos, emergencia) y nada parece haber cambiado. Lo que planteamos es la posibilidad de conseguir un resultado que sirva como señal para la población peruana y la comunidad internacional, para atender un verdadero desarrollo social en la Amazonía, con protección de los bosques. Creemos que si se puede reducir de forma concertada 1,000 ha de coca en un año a cambio de servicios oportunos prestados por el Estado (diversificación productiva, promoción de mercados), sobre la base de la esencia misma de nuestro sistema político y jurídico: la ciudadanía con responsabilidad en la sociedad rural. De no ser así, la erradicación siempre será una fórmula disponible.

Desde el 2010 no existe un instrumento estadístico de carácter nacional para analizar el problema del consumo de drogas en el país. Tres gestiones en Devida que no hicieron nada al respecto, dejando que antes y después de la pandemia el país se encuentre a ciegas frente a este problema.

También es verdad que hubo personajes que antes estuvieron en Devida, Ministerio del Interior y ENACO que permitieron que en los últimos años el sistema de control de la coca legal perdiera mercado frente a la informalidad y el narcotráfico. Hoy el monopolio estatal se encuentra en franca crisis y este gobierno plantea la necesidad de reemplazar ENACO por un modelo regulatorio mucho más eficiente, transparente, que cumpla con nuestros compromisos internacionales y, sobre todo, que evite el desvío al narcotráfico.

Existe en el medio un manejo perverso de cifras que es utilizado por personas que no comprenden las cosas que se encuentran detrás del problema que llena los titulares publicitarios: la pobre situación de la salud mental pospandemia, la triste situación de nuestro sistema criminal (especialmente las cárceles), la penetración de las economías ilícitas en la política nacional. Esos son los temas que deben ser objeto de atención en el Congreso, la prensa y la opinión pública. Lo demás es puro cuento.