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Jueza de Ecuador declara inocentes a 32 tripulantes cuyos barcos fueron bombardeados por EE. UU. por presunto narco

La magistrada concluyó que la Fiscalía de Ecuador no logró demostrar que los pescadores o las embarcaciones hubieran cometido un delito relacionado con narcotráfico u otras actividades ilícitas.

Una jueza en Manta, Ecuador, declaró inocentes a 32 tripulantes de los barcos Conquista II y María Candelaria, hundidos por EEUU
Una jueza en Manta, Ecuador, declaró inocentes a 32 tripulantes de los barcos Conquista II y María Candelaria, hundidos por EEUU | AFP

Una jueza de la Unidad Judicial Penal de Manta, en Ecuador, declaró inocentes a 32 tripulantes del Conquista II y María Candelaria, dos barcos pesqueros interceptados y hundidos por fuerzas de Estados Unidos en el Pacífico. Los hombres enfrentaban un proceso por asociación ilícita debido a presuntos vínculos con actividades relacionadas con el narcotráfico.

La magistrada concluyó que las pruebas presentadas por la Fiscalía de Ecuador no demostraron que las embarcaciones ni sus ocupantes hubieran cometido un delito. Juan Alvia, abogado de los procesados, declaró a EFE que, tras revisar los elementos del caso, la jueza determinó que “no se había podido probar que estas embarcaciones y esta tripulación hubieran cometido algún acto ilícito. No existía delito”. La resolución corresponde a primera instancia.

HRW pide revelar base legal de ataques de EE. UU.

El caso se originó después de que militares estadounidenses destruyeran varias embarcaciones en aguas del Pacífico entre finales de agosto y septiembre. El Comando Sur de Estados Unidos sostuvo que algunas de ellas funcionaban como estaciones flotantes de tráfico de combustible para abastecer lanchas que transportaban droga hacia Norteamérica.

En el proceso contra los 32 hombres, la acusación también apuntó a supuestos vínculos con Los Choneros, organización criminal ecuatoriana que Estados Unidos considera terrorista. Sin embargo, la defensa sostuvo que la Fiscalía no presentó informes estadounidenses que relacionaran de forma directa a los procesados con investigaciones por narcotráfico o combustible.

Los abogados afirmaron además que a los pescadores no se les encontraron drogas, armas ni combustible. Las pericias de sus teléfonos, según la defensa, solo mostraron fotografías familiares. Ninguno de los 32 procesados, con edades de entre 19 y 64 años, registraba antecedentes.

El 2 de octubre, Human Rights Watch pidió a los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador revelar la base legal de estas operaciones e investigar las denuncias de abusos formuladas por algunos tripulantes. La organización señaló que, tras revisar documentos judiciales y policiales de varios casos, no encontró referencias a droga, combustible o carga que respaldaran algunas de las acusaciones.

Otros 56 tripulantes esperan sentencia en dos juicios

El fallo es el primero dentro de tres procesos que involucran a 88 tripulantes de cinco embarcaciones destruidas por fuerzas estadounidenses. Un segundo juicio corresponde a 46 procesados y está previsto para el 8 de octubre.

El tercero reúne a otros 10 pescadores y fue aplazado hasta el 20 de octubre. Alvia espera que los tribunales asignados a ambos expedientes adopten un criterio similar, debido a que, según el abogado, “los hechos son idénticos”.

La defensa recordó que los 32 hombres llegaron a Manta el 7 de septiembre después de su traslado desde embarcaciones estadounidenses y fueron procesados con medidas cautelares, pero enfrentaron el juicio en libertad. La sentencia también ordenó levantar las restricciones que permanecían vigentes.

Pescadores analizan denunciar hundimiento de sus barcos

Tras la sentencia de inocencia, los tripulantes evalúan qué acciones emprender por la destrucción de sus embarcaciones. Sus abogados señalaron que estudian solicitar a la Fiscalía una investigación sobre el hundimiento de los pesqueros y las circunstancias de su traslado antes de quedar bajo custodia de autoridades ecuatorianas.

Alvia afirmó que sus representados también analizarán las acciones legales relacionadas con lo que describieron como un “secuestro” antes de su entrega a militares ecuatorianos. El abogado considera que la falta de pruebas expuesta durante el juicio puede ser relevante para los otros expedientes aún pendientes.

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