Crisis en la Corte Suprema de Brasil escala tras choque entre jueces por la restitución del jefe de la Policía Federal

La Corte Suprema de Brasil atraviesa una crisis interna sin precedentes a menos de un mes de las elecciones presidenciales de octubre, después de que el magistrado Flávio Dino ordenara la restitución de Andrei Rodrigues como director de la Policía Federal, suspendido un día antes por el juez André Mendonça.

El enfrentamiento se originó en una investigación sobre un presunto fraude multimillonario relacionado con el Banco Master y ya alcanzó al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y a la campaña electoral.

Dino dejó sin efecto la medida cautelar de Mendonça al considerar que la suspensión del jefe policial correspondía al pleno del Tribunal Supremo. En su resolución, a la que accedió la AFP, calificó la decisión de su colega como una medida inédita en la historia de la corporación que puede paralizar investigaciones y los trabajos policiales en casos bajo su órbita.

La restitución se produjo después de que la Abogacía General de la Unión (AGU), órgano encargado de defender los intereses jurídicos del Estado, recurriera ante el Supremo contra la suspensión. Según informó la agencia EFE, el Gobierno argumentó que la decisión vulneraba frontalmente las competencias del presidente brasileño, quien tiene la facultad de nombrar al director de la Policía Federal.

La AGU también sostuvo que la discontinuidad abrupta en la dirección de las fuerzas de seguridad podía comprometer su funcionamiento y generar un riesgo de desorganización institucional, de acuerdo con EFE.

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Una disputa que comenzó con un informe policial

El enfrentamiento entre los magistrados se intensificó después de que Mendonça ordenara desclasificar un informe de la Policía Federal que contenía mensajes atribuidos al banquero Daniel Vorcaro y dirigidos al juez Alexandre de Moraes.

Vorcaro, propietario del Banco Master, se encuentra en prisión preventiva en el marco de una investigación por un presunto fraude de grandes dimensiones que derivó en la liquidación de la entidad, según los textos proporcionados.

De acuerdo con los informes citados por AFP y EFE, el banquero habría pedido protección a De Moraes y, antes de ser detenido, le habría consultado por escrito si debía abandonar Brasil.

La divulgación de esos mensajes provocó una nueva confrontación dentro del Supremo. Alexandre solicitó una investigación contra Mendonça después de cuestionar la forma en que su colega había conducido el proceso.

Posteriormente, André acusó a la Policía Federal de realizar un monitoreo sistemático e ilegal contra él y otras autoridades. Según EFE, los indicios utilizados para sustentar esa acusación procedían de un informe de inteligencia policial sin valor probatorio que había sido empleado por De Moraes para solicitar una investigación contra Mendonça.

Empresarios advierten de una crisis institucional

La disputa entre los magistrados generó además preocupación entre sectores empresariales. Unas 3.000 entidades empresariales brasileñas difundieron un manifiesto en el que calificaron la situación como una “crisis institucional de extrema gravedad” y situaron su “epicentro” en la Corte Suprema.

El documento, firmado por las principales agrupaciones empresariales del país, advirtió sobre las consecuencias de un deterioro de la legitimidad del máximo tribunal. “Si la legitimidad (de los jueces) es cuestionada, todo lo demás se vuelve incierto: la seguridad jurídica, la confianza en las instituciones y la misma paz social”, señaló el manifiesto.