Reforma de seguridad presentada por Kast amenazaría los derechos de los ciudadanos en Chile, advierte HRW

Human Rights Watch advirtió este martes que el Congreso chileno debería rechazar la propuesta de reforma constitucional impulsada por el presidente José Antonio Kast. La organización sostiene que la iniciativa pone en peligro una amplia gama de garantías fundamentales y no se ajusta a las obligaciones internacionales de Chile.

El proyecto fue presentado el 18 de agosto ante el Senado y contempla ocho modificaciones a la Constitución. Su objetivo declarado es reforzar la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, la medida estrella es un nuevo estado de emergencia por seguridad pública que podría extenderse hasta 240 días sin aprobación del Congreso.

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"Las reformas constitucionales propuestas amenazan los derechos de los chilenos y ponen en peligro sus instituciones", afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW. La activista calificó la propuesta como una peligrosa usurpación de poder.

Kast defiende sus facultades en el combate al crimen

El mandatario salió a responder las críticas y descartó retirar la iniciativa del trámite legislativo. En conversación con Radio Cooperativa, aseguró que el debate recién comienza y que está abierto a modificaciones. También defendió la necesidad de herramientas extraordinarias frente a lo que llamó un Estado paralelo.

"Si tú me dices si es renunciable o no, para nosotros no es renunciable, pero entendemos que el debate legislativo puede hacerle modificaciones a cualquiera de las presentaciones que hicimos", declaró Kast.

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El Ejecutivo decidió bajar la urgencia del proyecto tras las críticas recibidas desde distintos sectores, incluidos parlamentarios del oficialismo. Luciano Cruz-Coke, senador y presidente de Evópoli, escribió en X que la propuesta concede poderes excesivos que jamás querría en manos de la oposición. "No se justifica en democracia", agregó.

El nuevo estado de excepción permitiría suspender o restringir la libertad personal, de locomoción y el derecho de reunión. También faculta la interceptación de comunicaciones, la requisición de bienes y la entrega del control territorial a un oficial general de las Fuerzas Armadas o Carabineros.

La oposición lleva el proyecto ante la CIDH

Un grupo de parlamentarios opositores, encabezado por Luis Cuello del Partido Comunista, presentó una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de que se pronuncie sobre la reforma. Los firmantes incluyen representantes del PS, DC, PPD y FA.

Cuello afirmó que la iniciativa otorga poderes extraordinarios al presidente para restringir garantías básicas. Incluso la calificó como una posible dictadura constitucional.

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Nelson Venegas, diputado socialista, dijo que el estado de excepción propuesto sobrepasa cualquier límite existente en países democráticos. Lorena Pizarro, del PC, la definió como una agresión a la democracia. Los legisladores esperan que el sistema interamericano fije un límite claro al Ejecutivo.

HRW también cuestionó la facultad presidencial para declarar a ciertos grupos como organizaciones terroristas sin especificar los efectos legales de esa designación. Lo mismo ocurre con la creación de regímenes penitenciarios diferenciados que restringirían visitas y beneficios.

Encuesta Cadem registra caída en el respaldo a la reforma

La última encuesta Cadem mostró que el apoyo a la iniciativa cayó ocho puntos en tres semanas, ubicándose en 41%. Además, un 58% de los consultados considera que el Gobierno debería retirar el proyecto del Congreso, siete puntos más que en la medición anterior.

El respaldo específico al nuevo estado de excepción también bajó a 41%, mientras que el desacuerdo subió a 51%. La percepción pública refleja el impacto de las advertencias de organizaciones de derechos humanos y expertos constitucionalistas.

El Gobierno reorganizó su agenda legislativa de seguridad tras un acuerdo con los partidos oficialistas. Diez iniciativas quedaron con discusión inmediata, diez con suma urgencia y tres con urgencia simple. La reforma constitucional permanece en el Senado a la espera de definiciones.