Rodrigo Paz desafía la crisis en Bolivia con alivio para créditos y una ofensiva contra los bloqueos

En medio de bloqueos, movilizaciones y una creciente presión social en Bolivia, el presidente Rodrigo Paz aprobó el Decreto Supremo 2630, que permite el financiamiento de créditos y la reprogramación de obligaciones bancarias para personas y sectores afectados por los conflictos. Paralelamente, promulgó la Ley 1740, destinada a regular los estados de excepción y fortalecer la capacidad de respuesta ante la crisis.

La nueva normativa obliga a las entidades de intermediación financiera a evaluar solicitudes de refinanciamiento presentadas por clientes cuyos ingresos resultaron afectados. Las operaciones podrán incluir períodos de gracia de hasta seis meses y prórrogas en la tramitación de cada solicitud. Además, la norma establece que estas medidas no modificarán la calificación de riesgo del prestatario y mantendrán las condiciones originales del crédito, salvo acuerdos más favorables para el deudor.

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Nueva ley fortalece la respuesta estatal ante los bloqueos

La Ley 1740 fue aprobada por el Congreso y posteriormente promulgada por Rodrigo Paz en un contexto marcado por protestas que se extienden desde hace más de un mes. La legislación otorga un papel central a la Policía Boliviana en la contención de disturbios y contempla el apoyo de las Fuerzas Armadas de Bolivia cuando las circunstancias lo requieran.

Durante un acto oficial en la Casa Grande del Pueblo, el mandatario dirigió un mensaje a ambas instituciones. “Hoy día, bajo la Constitución Política del Estado, bajo el mandato del Parlamento en ley promulgada, ustedes tienen la responsabilidad de cuidar nuestro futuro, actuar con firmeza, profesionalismo, respetando los derechos humanos”, afirmó.

El Ejecutivo sostiene que la norma permitirá recuperar la libre circulación, proteger el abastecimiento de alimentos y reactivar la actividad económica afectada por los cortes de rutas. Según datos oficiales, en la actualidad existen cierres en ocho de las nueve regiones del país y los enfrentamientos ya dejaron víctimas mortales y cientos de detenidos.

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Gobierno acusa a Evo Morales

La administración de Paz responsabiliza al expresidente Evo Morales de impulsar parte de las movilizaciones. El Ministerio de Obras Públicas difundió videos que, según la versión oficial, muestran autobuses que trasladaban personas hacia La Paz con el objetivo de provocar disturbios.

Las autoridades también denunciaron que las interrupciones en carreteras afectan el transporte de productos esenciales y servicios de emergencia. “No les importa que niños y enfermos esperen insumos vitales. No les importa que las familias sufran desabastecimiento”, señaló el Ministerio en un comunicado.

La crisis comenzó con reclamos vinculados a las condiciones de vida y demandas sectoriales. Sin embargo, con el paso de las semanas, varios grupos elevaron sus exigencias hasta pedir la renuncia del jefe de Estado. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que existen sectores interesados en profundizar la confrontación y obstaculizar acuerdos.

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Piden apostar por la conversación

Frente al endurecimiento de las posiciones, la Defensoría del Pueblo mantiene una postura orientada a la negociación. La institución considera que los recientes avances en la habilitación de rutas y el abastecimiento de productos ofrecen una oportunidad para resolver el conflicto sin recurrir a medidas extraordinarias.

César Rojas, jefe de la Unidad de Cultura de Paz de la Defensoría, explicó que durante el debate de la ley se planteó la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos en cualquier escenario excepcional. “La mayor preocupación es que podamos llegar a una situación donde los bolivianos no nos podamos entender en el marco democrático y en la práctica del diálogo”, declaró.

El funcionario destacó que distintas entidades han facilitado corredores humanitarios y espacios de concertación en las zonas más afectadas. “Hoy mismo estamos alentando una pequeña luz donde a través del diálogo podamos enco