Presidente de Costa Rica es salvado por el Congreso en segundo intento de destitución previo a elecciones 2026

Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica desde mayo de 2022, se libró, gracias a la mayoría parlamentaria, a llevar a cabo un proceso que habría resultado en su posible destitución. El martes 16 de diciembre, el Congreso votó para dejarlo sin fuero, pero no logró llegar a los 38 votos necesarios para ello.

Este es el segundo intento de la justicia costarricense para que se le levante la inmunidad presidencial e investigarlo por delitos contra la administración pública.

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Nuevo intento de destitución contra Chaves termina en fracaso

A pesar de que los votos 'a favor' superaron a los de 'en contra' en el Congreso de Costa Rica (35 a 21), no se llegó a la mayoría suficiente para permitir la solicitud del Tribunal Supremo de levantar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, de 64 años, para investigarlo por aprovechamiento ilegal de su cargo y "favorecer un programa político" para las elecciones de 2026, hechos que la diputada Alejandra Larios señaló como "muy graves".

"No existen los elementos suficientes para aprobar el levantamiento de la inmunidad", dijo Rodrigo Arias, jefe del Parlamento, tras la sesión. Sus aliados en el Hemiciclo, como María Marta Carballo, afirmaron que levantar su inmunidad sería "atentar contra la democracia".

Por su lado, el Supremo advierte que el proceso para iniciar una investigación contra Chaves está suspendido "temporalmente"; sin embargo, esta puede comenzar una vez deje el cargo el 8 de mayo del próximo año, cuando llegue la investidura del nuevo presidente elegido por voto popular en febrero.

Cabe resaltar que, en Costa Rica, la figura presidencial tiene prohibido realizar o participar en campañas electorales, además de utilizar su cargo para beneficiar a un partido político.

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El futuro de Chaves en juego

La primera vez que Chaves se enfrentó a una solicitud de desafuero fue en septiembre de 2025 por pedido de la Fiscalía General, quien lo acusó formalmente por el delito de concusión. La investigación sostuvo que el mandatario influyó en la adjudicación de un contrato de comunicación por US$405.000, presuntamente financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), a la empresa RMC La Productora, propiedad de Christian Bulgarelli a cambio de una compensación por US$32.000.

Según Francisco Barahona, exrector de la Universidad para la Paz de Costa Rica, consultado por AFP, Chaves, una vez deje la Presidencia, podría ser investigado penalmente por corrupción, además de otras acusaciones que puedan surgir, confirme avancen las pesquisas.

Por su lado, el actual mandatario, el cual no puede aspirar a una reelección inmediata, debido a la ley costarricense, afirmó que sus opositores buscaban montar "un circo" y aseguró que no habría violado la legislación.