Noboa desafía al correísmo con un referéndum que busca reescribir el poder mediante una nueva Constitución en Ecuador

Ecuador se prepara para un punto de inflexión este 16 de noviembre, cuando más de 13 millones de ciudadanos decidirán en las urnas si modifican la Constitución de Montecristi, aprobada en 2008 bajo el gobierno de Rafael Correa. El candidato Daniel Noboa impulsa el referéndum, que incluye cuatro preguntas para reformar el sistema político y será organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Entre las propuestas de Noboa se prioriza la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, lo que incluye eliminar la prohibición de instalar bases militares extranjeras en el país. El plan también plantea suprimir el financiamiento estatal a los partidos políticos, reducir el número de asambleístas y eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), bajo el argumento de que Ecuador necesita cooperación internacional para enfrentar el avance del crimen organizado transnacional.

Estas iniciativas han despertado una fuerte oposición. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y diversos movimientos de izquierda alertan que las reformas vulneran la institucionalidad democrática y abren la puerta a una concentración de poder en manos del Ejecutivo.

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Noboa desafía la Constitución de Correa

Viviana Erazo, presentadora y productora de noticias en una cadena internacional, afirmó que la Constitución impulsada por Rafael Correa marcó un hito al reconocer derechos de la naturaleza y de las comunidades indígenas. Sostuvo que la propuesta de Noboa —"en blanco" en varios aspectos— genera más preocupaciones que certezas.

"Es una carta en blanco, prácticamente, para el Ejecutivo, para el gobierno nacional, que terminaría siendo —según varios analistas— una bandera verde para que Noboa impulse una Constitución a su medida", aseguró.

Por su parte, Yaku Pérez, abogado y político ecuatoriano, afirmó que ni el "correísmo" ni el "noboísmo" representan a toda la Asamblea, pues existen otros matices y visiones del país. Sostuvo que la Constitución de 2008 no es una obra de Correa, sino del movimiento indígena.

Liderada por la Conaie, la Constitución incorporó conceptos y derechos que reflejan sus creencias, valores y el principio del Sumak Kawsay —el Buen Vivir—, lo que convirtió a Ecuador en un Estado que reconoce la igualdad de todas las nacionalidades y pueblos que conviven en el país. Sin embargo, ese marco está hoy en riesgo de ser modificado.

"Lo que se busca con este cambio constitucional es eliminar derechos ya ganados, tanto de las comunidades indígenas como de los defensores de la naturaleza y de los sectores que protegen a los pueblos en aislamiento del país".

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¿Un gobierno que responde a una crisis?

En 2024, Ecuador fue catalogado como el país más violento de América Latina. Este dato, sumado a los elevados índices de hambre, ha generado —según Yaku Pérez— que Daniel Noboa muestre una "incapacidad para gobernar". En lugar de enfrentar estos problemas, sostiene, el mandatario utiliza la convocatoria a una Asamblea Constituyente como un método distractor.

"Vamos a llegar a 9.000 muertes violentas este año; es decir, superaremos las 40 muertes por cada 100 mil habitantes. Nunca habíamos enfrentado una crisis de corrupción, desinstitucionalización, violencia estructural y crimen organizado como la actual".

En línea con lo señalado por Yaku, los reportes de la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado y el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, correspondientes a enero y septiembre, estiman que el país se mantendrá en estos niveles de violencia, entre los más altos del mundo.

Uno de los argumentos de Noboa para impulsar el cambio constitucional es que la Carta vigente, según él, "protege a delincuentes". Sin embargo, para Erazo no existen fundamentos que respalden esa afirmación del mandatario.

Para la comunicadora, predomina un "irrespeto total" a las decisiones adoptadas en el país, considerando que Noboa ha impulsado cambios en materia de minería —como la posibilidad de ejercerla legalmente en determinadas zonas—, una actividad que ha destruido territorios durante años.

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Camino hacia una inestabilidad política

De aprobarse la reforma, Ecuador ingresaría a un escenario de incertidumbre política y asumiría un costo enorme, según Viviana Erazo. Recordó que la instalación de una Asamblea Constituyente demanda alrededor de 200 millones de dólares provenientes del gasto público. "El país sigue sumido en problemas que ya le están pasando factura desde hace mucho tiempo", señaló, en referencia a las medidas de Noboa.

Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), el costo incluye la elección de los asambleístas constituyentes, el funcionamiento de la Asamblea durante varios meses, la consulta final para aprobar la nueva Constitución y toda la logística necesaria para llevar adelante el proceso.

Para Yaku Pérez, aprobar la reforma constitucional sería "entregarle un cheque en blanco" a Noboa para que controle la Corte Constitucional y, en general, todas las esferas del Estado. Desde el exterior, advierte, también se perciben riesgos para la inversión extranjera, lo que podría repercutir en la economía.

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Lo que está en juego para Noboa con la Constituyente

Para Yaku Pérez, el escenario post referéndum que enfrentarían Daniel Noboa y una eventual Asamblea Constituyente constituye "un salto al vacío". Advierte que lo peor está por venir y que el propio presidente está empujando al país hacia una posible explosión social.

Sostuvo que Noboa está mal asesorado y que Ecuador se encamina a repetir experiencias dolorosas vividas en México o Colombia, marcadas por el derramamiento de sangre.

En México, se han cometido más de 150.000 asesinatos en la última década vinculados al crimen organizado, mientras que en Colombia las tasas superaron los 70 homicidios por cada 100.000 habitantes en los años más duros de su conflicto interno.

Erazo, finalmente, advierte que, en un hipotético escenario en el que se apruebe la reforma, Ecuador afrontaría un serio problema de gobernabilidad, marcado por acciones cada vez más autoritarias del gobierno. "Sería un ganar o ganar para Noboa; quién sabe si después invente otra consulta popular, porque eso fue lo que ya hizo en esta ocasión", señaló.