
La ONG de Ecuador, Fundamedios, denunció la infiltración de policías encubiertos a grupos privados de periodistas. La organización le exigió explicaciones al Ministerio del Interior y a la Secretaría de Inteligencia. Hasta el momento, no han emitido pronunciamientos. Fundamedios calificó este hecho como "una grave vulneración a la libertad de expresión, el secreto profesional y la privacidad".
La ONG sigue exigiendo explicaciones inmediatas al Gobierno, investigaciones independientes y garantías de no repetición. Diversos testimonios señalan que agentes se habrían hecho pasar por “periodistas” y usado medios como canales de inteligencia. Cuando se le insistió a la vocera del gobierno sobre el silencio de las autoridades y la permanencia de los agentes en chats de prensa, reiteró que no responderán sobre evidencia “no verificada” y cuestionó nuevamente la legalidad del origen de la información.
Benito Bonilla, el administrador de un grupo de prensa, expulsó a un usuario que resultó ser sargento de la Policía Nacional. Además, identificaron al menos a dos agentes infiltrados en 17 grupos de WhatsApp donde se intercambiaba información entre periodistas y fuentes estatales.
La vocera del gobierno de Ecuador, Carolina Jaramillo, calificó de "rumor" a las denuncias de infiltración de agentes de inteligencia en grupos de prensa. Asimismo, al ser consultada por el medio Infobae, declaró que la información filtrada “no ha pasado por ningún procedimiento formal o judicial que pueda revestir esta información de veracidad”.
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Tres policías fueron retenidos hasta el 21 de agosto después de que reconocieran durante una audiencia de una comunidad indígena que hay un sistema de seguimiento por parte de la policía. Los tres sujetos se hicieron pasar por periodistas en una audiencia en donde se denunció el hostigamiento a Leonidas Iza, quien sufrió un presunto intento de asesinato. Se revelaron testimonios sobre una supuesta red de vigilancia dirigida por agentes estatales que usaban seudónimos y estructuras de mando. Operaban mediante un chat denominado "Asadero del cuy".
«La Fiscalía respeta y reconoce las normas y tradiciones de las comunidades indígenas, incluida la resolución de conflictos en sus propios territorios. Sin embargo, reitera que resulta fundamental establecer mecanismos de diálogo entre la justicia indígena y la justicia ordinaria», expresó el Ministerio Público en un comunicado.





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