Las delaciones premiadas no solo son información; son evidencias que deben ser usadas legalmente.,Al inicio del plazo para que Brasil entregue al Perú las delaciones premiadas que abrieron las puertas al juzgamiento del caso más grande de corrupción de ese país, la fiscalía brasileña ha realizado ciertas indicaciones relacionadas con el uso y la difusión de esa información. Entre esas previsiones se ha señalado lo siguiente: 1) que la información será entregada gradualmente respetando la reserva; 2) al mismo tiempo, Brasil ha reiterado que para garantizar la entrega de información es importante nuestro compromiso de no procesar en el Perú a los delatores de estos actos ilícitos ocurridos aquí; 3) y este compromiso deberá ser asumido antes de la entrega de la información, sin el cual, el Perú no solo no recibirá las delaciones sino que no las podrá usar legalmente. Queda absolutamente claro que los nacionales investigados y los probables involucrados en los casos de la corrupción brasileña cometida en el país son los menos interesados con que la justicia peruana cuente con esta información procesalmente útil, que incluya los datos recogidos sobre los movimientos del Departamento de operaciones estructuradas de Odebrecht, las pruebas contables y bancarias, los nombres de las empresas offshore, la identidad de los intermediarios y los colaboradores locales de la trama. En los últimos meses, este interés se ha disfrazado convenientemente de una exigencia supuestamente firme para que la justicia sea inflexible con Odebrecht y sean juzgados sin miramientos extranjeros y peruanos. Por esa razón es correcta la decisión de la fiscalía peruana de suscribir un acuerdo de no incriminación durante su última entrevista con Marcelo Odebrecht en Curitiba (Brasil) que debe ser ratificado por el Ministerio Público peruano. Los alcances de un acuerdo de esta naturaleza no pueden ser confundidos con impunidad sino considerados como un mecanismo audaz, legal y adecuado que se orienta al esclarecimiento de graves hechos de corrupción que requieren juzgamiento y sanción en el país como en su momento lo fue en Brasil. En esa misma dirección deben ser asumidas las posibilidades de la colaboración eficaz, un mecanismo legal y legítimo que forma parte del ordenamiento jurídico nacional y frente al cual la fiscalía no ha tenido un tratamiento homogéneo. Mientras que la fiscalía anticorrupción lo acepta y lo extiende hacia los investigados, la fiscalía de lavado de activos se resiste, de modo que este procedimiento no le ha sido ofrecido a los directivos de la empresa en cuestión. En medio de estas diferencias, es una buena noticia que la procuraduría, titular de los derechos resarcitorios del Estado, haya iniciado finalmente contactos con la empresa Odebrecht. Las delaciones premiadas que atañen al Perú y recogidas por la justicia brasileña no solo es información; constituyen evidencias que deben ser usadas procesalmente para develar la identidad de quienes cometieron delitos que dañaron el país, y sancionarlos. Es una obligación de la justicia hacerlo y de los peruanos respaldarlo.
