Operativo de presión

Keiko Fujimori embarca a Fuerza Popular en una campaña política contra los jueces.,Keiko Fujimori ofreció en la campaña electoral del año pasado no usar su poder político para beneficiar a ningún miembro de su familia. Sin embargo, contra lo prometido, acaba de embarcar al grupo político que lidera, Fuerza Popular, en una campaña para liberar a su padre. La decisión fue anunciada solo unas horas después de que, con el pretexto de cumplir esa promesa, el fujimorismo archivó el proyecto de ley para que los internos penitenciarios mayores de 75 años cumplan su condena en sus domicilios. Una vez más se trata de una incongruencia o de un doble discurso que pretende sacrificar promesas y principios para alcanzar ventajas particulares o administrar problemas internos. La declaración de K. Fujimori desnuda ese proceder; a pesar de su brevedad condensa los últimos cambios ocurridos en ese grupo político. Presionada por las bases de su partido y por una parte de los parlamentarios favorables a la libertad de A. Fujimori, Keiko se ha decidido liderar la campaña del “Hábeas Corpus de la libertad”, una operación claramente política que se iniciará cuando ella suscriba el recurso legal solicitando la liberación del interno de la Diroes. Ni la campaña ni los argumentos son nuevos. Como los anteriores hábeas corpus rechazados por la justicia, se basa en un supuesto juicio político contra A. Fujimori. Este razonamiento, sin embargo, es menor frente a otros que adquieren peso en las declaraciones de la líder de Fuerza Popular: que ahora existe la oportunidad de una “verdadera justicia”; que la mayoría de peruanos quiere ver libre a A. Fujimori; y que su libertad está relacionada con el “éxito” de quien lideró “una de las etapas más duras de la historia” del Perú. Queda claro que esa nueva oportunidad se refiere a la fuerza parlamentaria del fujimorismo, de modo que se entiende que un nuevo hábeas corpus, con los mismos argumentos pero suscrito por quien lidera el grupo que ostenta la mayoría absoluta del Congreso, es una operación de presión política contra los jueces. No es distinto al argumento populista de que la mayoría quiera la libertad de A. Fujimori y que la merece en función de lo bueno que hizo por el país, cerrando los ojos a sus delitos. El paquete de justificaciones que exhibe Fuerza Popular para lograr la liberación de su jefe político histórico resume un desprecio a la ley y a las razones que llevaron a su condena, al rechazo de los anteriores hábeas corpus y de los pedidos de indulto. No está en discusión el derecho de un familiar a presentar un recurso legal en favor de un sentenciado, ni el uso prepotente de la fuerza. Aun si este recurso ultrapolitizado no consiguiese su propósito, la justicia quedaría dañada al hacer evidente el modo cómo desde el poder se manosea las instituciones y garantías (no podría, por ejemplo, hablar en serio de reforma de la justicia el grupo que intenta aherrojar a los jueces. Peor aún si esa fuerza de la que ahora hace gala el fujimorismo alcanza el objetivo de una libertad írrita, abusiva y coercitiva.

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