Sabotaje a la reforma electoral antes de su discusión.,Justo cuando el Parlamento se apresta a debatir la reforma electoral, la Comisión de Constitución dirigida por el fujimorismo ha resuelto poner al debate la reelección de alcaldes y la ampliación del período de gobierno de alcaldes y de gobernadores regionales. Lo hace tan solo dos años después de la aprobación de la reforma constitucional que lo prohíbe. La operación parece estar dirigida a bloquear la reforma electoral que entra a su fase decisiva luego de la aprobación del anteproyecto de Código Electoral. Lo conveniente sería que desde una perspectiva integral el Congreso apruebe previamente la legislación referida a la formación de la representación, la existencia de los partidos y movimientos y el proceso electoral, para luego abocarse a una discusión documentada de rango constitucional como el retorno a la bicameralidad y el ejercicio de poder de los elegidos. Es surrealista apreciar la transformación radical de los argumentos. Los mismos parlamentarios que hace dos años justificaban la prohibición de la reelección regional y municipal abrazan ahora los argumentos que combatían y que en el debate legislativo tachaban de tolerantes con la corrupción. En ese momento, la prohibición de la reelección fue dictaminada por unanimidad en la Comisión de Constitución y aprobada en el pleno del Congreso por 93 votos a favor de todas las bancadas. Los argumentos utilizados eran entendibles, entre ellos la persistencia de las redes corruptas locales y regionales que la reelección fomentaba, el uso de los recursos públicos en las campañas reeleccionistas aun si no tenían éxito y la necesidad de fortalecer la alternancia en el liderazgo interno de los grupos políticos. El dato preciso de esa discusión es que el único legislador fujimorista en favor de la reelección fue Pedro Spadaro, largamente relacionado con Chim Pum Callao. Las razones para no volver a cambiar la Constitución en este punto son más vigentes que nunca, especialmente si el Congreso pretende aprobar normas estratégicas que impidan precisamente la corrupción regional y local. Debe recordarse que 6 de entre los 13 ex presidentes o ex gobernadores regionales detenidos en algún momento por corrupción se reeligieron. En este caso, ahora se propone extender su período de gobierno a 5 o 6 años. Es preciso que se sinceren las propuestas en relación con este tema, y señalar, por ejemplo, que en las elecciones presidenciales del año pasado las dos candidaturas que disputaron la segunda vuelta recibieron el apoyo de alcaldes y gobernadores bajo la promesa de volver a cambiar la Constitución para que intenten seguir en el poder. A ese propósito y no a un riguroso estudio del poder y de su capacidad de eficacia obedecen los proyectos para la reelección inmediata de alcaldes y la extensión del mandato de los gobernadores. El Congreso debe respetar sus plazos y prioridades que él mismo se ha fijado y no tomar el rábano por las hojas. Lo menos que necesita la crisis de liderazgo y transparencia en regiones y municipios son las idas y vueltas desordenadas e interesadas.
