Inicio de una reconstrucción que reclama descentralización y agenda social.,El Congreso de la República aprobó con 90 votos a favor y 18 en contra la Ley de Reconstrucción presentada hace poco por el Ejecutivo. De ese modo quedan establecidos el marco legal y los mecanismos para la reconstrucción de las zonas afectadas por El Niño costero. Es una decisión saludable que el proyecto haya sido debatido rápidamente en dos largas jornadas del Pleno del Congreso. La situación lo amerita. Es también positivo que el Ejecutivo decidiese adoptar estas medidas a través de una ley expresa en cooperación con el Parlamento y no a través exclusivamente de solicitudes de créditos suplementarios o de la creación de un organismo mediante una norma de inferior jerarquía. En el Congreso se hicieron algunas objeciones al proyecto original a razón de lo cual se realizaron cambios, que no han sido a gusto de todos, de modo que el Frente Amplio ha votado en contra. Ante las críticas respecto a la marginación de las regiones y los municipios de las tareas de la reconstrucción se han efectuado ajustes a la ley sin que eso implique, por ejemplo, una gestión descentralizada de la reconstrucción. Tampoco se ha cambiado el enfoque que condujo a que en el directorio del organismo encargado de la reconstrucción no participen todos los ministerios del área social del gobierno. Fueron atendidos en cambio los aportes en relación con mejorar la labor de control en la reconstrucción. Se ha dispuesto que todos los contratos suscritos incluyan cláusulas anticorrupción, la resolución por incumplimiento, y la obligación de informar si los representantes de las empresas contratistas tienen sentencias o investigaciones. Otro de los cambios es el control posterior de la Contraloría a las obras a ejecutarse como parte de la reconstrucción, lo cual no excluirá el control concurrente. En la perspectiva de la agenda social de la reconstrucción, ha sido aprobada la disposición para que los damnificados posesionarios de propiedades afectadas accedan a viviendas temporales y que las tierras de terceros empleadas para el refugio de los damnificados sean devueltas en un plazo de 12 meses. La prestación de servicios de salud, educación y alimentación sigue siendo un reclamo que debe resolverse y en esa dirección se advierte que la atención de la emergencia presenta una brecha en relación con la reconstrucción que será sentida por miles de peruanos. Preocupa, por ejemplo, la prestación de los servicios de educación y salud en los meses que durará la reconstrucción de colegios y centros de salud, y la situación de las decenas de colegios que por ahora sirven de albergues. Otra interrogante se refiere a la continuidad de la prestación de algunos programas sociales, especialmente Qali Warma. En la necesidad de insistir en la agenda social de la reconstrucción debe tenerse en cuenta que, según la Cámara de Comercio de Lima, más de 700 mil peruanos ocupados de cinco regiones del norte del país podrían ingresar a una situación de pobreza a causa de El Niño costero, el 57% de los cuales se encuentran en Piura y La Libertad, 22,2% en Lambayeque, 16,8% en Áncash y 3,3% en Tumbes.
