
El gobierno de Donald Trump facilitó esta semana a las autoridades datos de inmigrantes en Medicaid con el fin de facilitar su ubicación, incluido su estatus en el país, esto con el fin de deportarlos. La medida trató de ser detenida sin éxito por Medicaid por lo que se alzaron preocupaciones ante la transferencia de información confidencial.
Según correos electrónicos enviados a la entidad, el martes 10 de junio, dos de los asesores del secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. ordenaron que la información sea enviada al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Medicare y Medicaid solo tuvieron 54 minutos para acatar la orden.
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Según Andrew Nixon, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) manifestó que el proceso fue transparente y de acorde a la ley, pero evitó ahondar sobre cómo se usarían los datos.
“Esto fue realizado cumpliendo todos los requerimientos para asegurar que los beneficios de Medicaid sean solo para quienes tienen el derecho de recibirlos”, declaró.
Por otro lado, Gavin Newsom, el gobernador de California, publicó un comunicado argumentando su preocupación y oposición sobre cómo los agentes migratorios puedan usar los datos. Ante la ola de redadas con la asistencia de la Guardia Nacional y los marines se teme que más californianos se vean afectados. “Estas acciones federales son preocupantes y potencialmente ilegales”, acotó.
Además de que estos datos se usen para localizar a los migrantes, expertos informan que también pueden usarse para frustrar los procesos de residencia permanente o ciudadanía a quienes lo soliciten.
En casos de emergencia, los estados están obligados por ley a prestar servicios de salud a ciudadanos no estadounidenses, incluidos a los que aún no han cumplido los 5 años de residencia en el país. Nixon informa que estos programas “permitieron que inmigrantes ilegales se aprovechen de Medicaid, puesto que obligaron a los americanos a pagar las facturas”.
La oficina de Newsom también agregó que la entrega de los datos es alarmante para las comunidades vulnerables.

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