
El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, podría tener que responder ante el Congreso por la transferencia de S/6 millones 624.555 a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), destinada a la remediación de los suelos afectados por la actividad minera en la unidad Florencia-Tucari, operada por Aruntani S.A.C. en Moquegua. El cuestionamiento adquiere mayor interés debido a que el actual titular del Minem trabajó anteriormente para esta compañía.
El diputado Luis Masco, de la bancada de Obras, junto con congresistas del Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación y Juntos por el Perú, presentó una moción para interpelar al funcionario. El documento contiene 54 preguntas que buscan esclarecer cómo se autorizó el desembolso, qué sustento técnico respaldó la decisión y quiénes participaron en el procedimiento.
Uno de los principales puntos de la moción es la Resolución Ministerial N.° 407-2026-MINEM/DM, mediante la cual se aprobó la transferencia financiera. Los legisladores solicitan conocer los antecedentes administrativos, técnicos, legales y presupuestarios que permitieron autorizar los recursos, así como la disposición legal específica que facultó al ministerio a realizar esta operación.
También preguntan si se cumplió con todo el procedimiento establecido en la Vigésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N.° 32732 antes de aprobar el desembolso. En particular, buscan identificar qué entidad propuso inicialmente la transferencia y qué dependencias del Minem intervinieron en su formulación, evaluación y aprobación.
El pliego también exige explicar cómo se calculó el monto de S/6,6 millones y qué actividades, estudios y trabajos comprende el presupuesto. Los congresistas piden precisar cuánto dinero se ha ejecutado, cuánto permanece pendiente y cuál es el estado de la transferencia.
La relación previa de Shinno con Aruntani coloca bajo escrutinio la actuación del titular del sector en este procedimiento. La compañía opera la unidad minera Florencia-Tucari, cuyos suelos afectados por la actividad extractiva requieren trabajos de remediación.
Aunque la moción no acredita por sí misma una irregularidad ni demuestra la existencia de un conflicto de intereses, sí plantea la necesidad de esclarecer cómo se tomaron las decisiones y qué funcionarios participaron en ellas. Por ello, los legisladores piden identificar las responsabilidades dentro del ministerio y conocer los criterios que justificaron encargar a la ANIN la formulación y ejecución del proyecto, en lugar de utilizar las vías ordinarias del sector Energía y Minas.
El pedido de interpelación también alcanza los mecanismos de transparencia y fiscalización. Los parlamentarios consultan qué información sobre la transferencia y el convenio con la ANIN se encuentra publicada en los portales de transparencia activa del Minem y de dicha autoridad, así como qué medidas se han habilitado para que la Contraloría y el Congreso puedan realizar un seguimiento oportuno de los recursos.
Además, preguntan si el expediente administrativo completo fue remitido o será enviado al Órgano de Control Institucional para las acciones de control correspondientes.
Con las 54 interrogantes, los promotores de la moción buscan que Shinno explique tanto el origen de la transferencia como las condiciones bajo las cuales se utilizarán los fondos públicos destinados a la remediación ambiental de Florencia-Tucari.

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