Adenda de Cálidda: exviceministro plantea modificar metas de conexión para ampliar la masificación del gas en regiones

La propuesta para ampliar por diez años la concesión de Cálidda en Lima y Callao enfrenta observaciones por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) sobre los costos de las inversiones y las condiciones de la expansión hacia las regiones.

Para Víctor Murillo, exviceministro de Hidrocarburos y exintegrante del directorio de Petroperú, estos cuestionamientos deben revisarse, pero el debate también debería definir qué metas de conexión e infraestructura se exigirán para que la masificación del gas avance en el centro y sur del país.

Murillo, quien actualmente asesora al Gobierno Regional de Huancavelica y participó en el proceso de masificación del gas en esa región, considera que no se puede evaluar una nueva red bajo los mismos criterios que una infraestructura consolidada como la de Lima. Sin embargo, esa diferencia tampoco debería servir para aceptar sin modificaciones las metas planteadas por Cálidda.

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“A mí me parece de todos modos insuficiente esa cantidad que hasta ahora se habla”, señaló al referirse al número de usuarios previsto para las siete regiones. A su juicio, el Estado debería revisar los montos involucrados y exigir una expansión mayor.

Gas natural en regiones: llevar una red desde cero tiene costos distintos

Uno de los principales argumentos de Murillo es que la realidad de las regiones no es comparable con la de Lima, donde existe una red desarrollada y una base amplia de usuarios. En localidades que todavía no cuentan con infraestructura, primero hay que instalar redes, habilitar plantas, conseguir terrenos, tramitar permisos y desarrollar progresivamente la demanda.

“No es lo mismo masificar en zonas desde cero, que masificar en lugares donde ya hay, como Lima”, explicó.

Sin embargo, eso no significa que la empresa deba quedar liberada de mayores exigencias. “Yo no estoy justificando que el costo, o la cantidad que está proponiendo Cálidda, sea solamente 300.000 o solamente 500.000. Quizás puede hacer más”, sostuvo.

Para el exviceministro, la discusión debería separar dos asuntos: cuánto cuesta realmente construir las nuevas redes y qué nivel de expansión debe exigirse dentro de un eventual acuerdo.

La extensión de la concesión y el financiamiento de las regiones

Murillo considera que los ingresos asociados a una eventual ampliación de la concesión en Lima y Callao deberían contribuir a financiar la expansión del gas natural en las regiones. Su planteamiento parte de una comparación con el proceso que permitió desarrollar la infraestructura gasífera que abastece a Lima.

“Los fondos que pueden generar los diez años de ampliación del contrato, yo creo que perfectamente deben servir para hacer la masificación en esas siete regiones”, afirmó.

Su propuesta no se limita a financiar conexiones domiciliarias. Considera que el compromiso debería abarcar las plantas necesarias, las redes y la conexión de los usuarios en las localidades contempladas.

“Con estos ingresos, Cálidda ya como concesionario de estas siete regiones debería instalar todas las plantas que se necesitan, y una cantidad muy importante de redes, y hacer la conexión a los usuarios”, sostuvo.

En esa línea, Murillo considera que las metas actuales pueden ser revisadas para alcanzar un mayor número de usuarios. El objetivo, según explicó, debería ser que la extensión de la concesión tenga un efecto concreto sobre la infraestructura regional y no quede únicamente como una ampliación del servicio en Lima y Callao.

Incluso plantea que la política de masificación debería mirar más allá de las siete regiones incluidas actualmente. “No solo las siete, debería hacerse en todo el Perú”, señaló.

GLP en regiones: el alto costo que se busca reducir con la masificación del gas

El exviceministro cuestionó que la falta de rentabilidad inmediata en algunas regiones termine justificando una política basada únicamente en subsidiar el balón de GLP. Las zonas alejadas y con menor densidad de usuarios tienen mayores costos de infraestructura, pero, a su juicio, eso no debería cerrar la discusión sobre su acceso al gas natural.

Su alternativa es recurrir a mecanismos de subsidio cruzado, es decir, utilizar recursos generados en mercados con mayor escala para financiar servicios en zonas donde la inversión no resulta rentable por sí sola.

Murillo recordó que la infraestructura que permitió la llegada del gas a Lima contó con un mecanismo de financiamiento que involucró a usuarios de todo el país. “Todo el Perú pagó el tubo para que llegue a Lima”, afirmó, en referencia a la Garantía de Red Principal utilizada para financiar el gasoducto.

Desde su perspectiva, una lógica similar podría aplicarse ahora para ampliar la cobertura hacia las regiones. El argumento no es que los costos de la expansión deban ignorarse, sino que deben evaluarse junto con los beneficios que puede generar el acceso a un combustible más barato para los hogares, el transporte y las actividades productivas.

Por ello, su posición frente a la adenda no es aprobarla sin reparos ni descartarla de plano. Plantea revisar sus costos, discutir las condiciones técnicas de las nuevas instalaciones y, sobre todo, elevar las metas de conexión para que la expansión regional tenga un alcance mayor.

“Creo que con la adenda, con estos ajustes, deberíamos emprender y no perder más tiempo” con la masificación, concluyó.