La planilla no despega en Perú: solo 14% de las microempresas formaliza a la mayoría de sus trabajadores

El 73,7% del empleo privado en el Perú es informal, pero las dificultades para avanzar hacia la formalidad no son las mismas en todas las empresas. Según el estudio “Empresas y Estado: Diagnóstico de barreras y oportunidades para la formalización y el crecimiento”, elaborado por Ipsos Perú por encargo de ComexPerú, mientras las unidades más pequeñas concentran la mayor parte del empleo informal, las compañías que crecen enfrentan una relación más intensa con el Estado, marcada por mayores obligaciones, fiscalizaciones y trámites.

La brecha es considerable, pues solo el 10,3% del empleo en las microempresas es formal, frente a 55,8% en las pequeñas y medianas empresas y 81,6% en las grandes. La diferencia también aparece al observar directamente el uso de la planilla: apenas 14% de las microempresas señala que la mayoría de sus trabajadores está bajo contrato o planilla. En las pymes, la proporción llega a 47% y en las grandes empresas, a 99%.

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La situación revela que el acceso a un empleo formal sigue estando muy condicionado por el tamaño y la capacidad económica de las unidades productivas. Para los trabajadores, esto supone una menor cobertura de derechos laborales y de mecanismos de protección vinculados al empleo formal.

Para las microempresas, formalizar sigue siendo una tarea difícil de sostener

En las microempresas, además, los obstáculos no se reducen al costo salarial. El 37% identifica como una dificultad el costo de EsSalud y la percepción de que no se traduce en un beneficio de calidad para el trabajador. Otro 28% menciona la incertidumbre económica y política, mientras que 26% señala tanto el nivel de la remuneración mínima y sus aumentos inesperados como la complejidad de registrar a un trabajador en planilla.

La informalidad, por tanto, también está relacionada con la dificultad de sostener la contratación formal en negocios de menor escala. Si el objetivo es ampliar los empleos con derechos, no basta con exigir el cumplimiento: también se requiere que el sistema permita a estas unidades incorporarse y permanecer en la formalidad.

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El crecimiento empresarial también eleva la exposición a la fiscalización estatal

A medida que una empresa aumenta de tamaño, la dificultad deja de concentrarse únicamente en el ingreso a la formalidad y pasa a estar también en su relación con un aparato estatal más amplio.

El contraste es evidente en Sunafil. Solo 7% de las microempresas reporta contacto con la entidad, frente al 81% de las grandes empresas. También aumenta con el tamaño la interacción con ministerios, Indecopi y organismos reguladores.

La mayor fiscalización es necesaria para garantizar que los derechos laborales se cumplan, pero el estudio también muestra problemas en la forma en que las empresas perciben esa intervención. 82% de las grandes compañías considera problemática la fiscalización y, entre las que fueron inspeccionadas por Sunafil, 55% percibe que la actuación estuvo más orientada a sancionar que a orientar.

Esto se suma a una falla de gestión pública: 80% de las grandes empresas evalúa negativamente la forma en que las entidades utilizan información que ya tienen disponible para evitar solicitar nuevamente los mismos documentos.

La diferencia entre tamaños también se refleja en los obstáculos que cada segmento identifica. En las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, 33% menciona los costos laborales adicionales al salario y 36% el nivel de la remuneración mínima y sus incrementos. En las grandes, en cambio, la principal dificultad señalada es la dificultad para desvincular a trabajadores por bajo desempeño, mencionada por 68%, seguida por los costos laborales adicionales, con 60%.

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El estudio de Ipsos plantea, en esa línea, que no existe una única vía para reducir la informalidad: las microempresas requieren condiciones que faciliten su entrada al sistema formal; las pymes, capacidad para absorber los costos de crecer; y las grandes empresas, mayor predictibilidad en su relación con el Estado.

El reto es, finalmente, ampliar la formalidad sin debilitar los derechos laborales. Eso supone reducir las barreras de entrada para los negocios pequeños, simplificar la relación con el Estado y asegurar una fiscalización que proteja al trabajador.