
La construcción volvió a tomar impulso en el Perú, aunque no todos los motores avanzan a la misma velocidad. Según el último informe de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), en el primer semestre, la actividad creció casi 11%, favorecida principalmente por el mayor movimiento de la inversión privada, que aumentó 15%. La inversión pública también avanzó, pero a un ritmo menor: 6,3% en el mismo periodo.
La diferencia se hizo más evidente entre abril y junio, ya que mientras la inversión privada mantuvo un crecimiento de dos dígitos, la pública retrocedió 2,6%. No se trata, por tanto, de una caída general de la obra estatal, sino de un ritmo que resulta insuficiente frente al dinamismo que muestra el resto del sector.
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Por su lado, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) proyecta que la inversión pública crecerá apenas 1% en 2026. Con obras que todavía permanecen paralizadas y proyectos de prevención pendientes, el desafío no solo es disponer de presupuesto, sino conseguir que las obras avancen y lleguen a tiempo.
Mientras la inversión privada mantuvo un crecimiento de dos dígitos, la pública retrocedió 2,6%.
Entre julio de 2025 y junio de 2026 se desembolsaron más de 47.000 créditos hipotecarios, el nivel más alto de los últimos cinco años. En total, las entidades financieras colocaron S/17.651 millones durante ese periodo, una señal de que el financiamiento para comprar vivienda mantiene el ritmo de recuperación.
Pero este avance no llega por igual a todos los segmentos. Mientras los créditos otorgados con recursos propios de las entidades financieras aumentaron, los financiados por el Fondo Mivivienda retrocedieron 21,9% frente al periodo julio 2021-junio 2022. La diferencia se vuelve más marcada en la vivienda de interés social: entre enero y julio de este año, los desembolsos de bonos familiares habitacionales cayeron 71% respecto del mismo periodo de 2025. En la modalidad de construcción en sitio propio, la caída llegó a 91,5%.
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Así, el mercado inmobiliario muestra dos caras. Por un lado, el crédito hipotecario gana terreno y sostiene la demanda; por otro, el menor flujo de subsidios limita el acceso a vivienda de los hogares que dependen de estos programas.
La otra cara del escenario está en la capacidad del Estado para llevar el presupuesto hasta una obra concluida. A junio de 2026, la inversión asociada a proyectos paralizados se había reducido 14,1% respecto de marzo. Sin embargo, el número de obras detenidas aumentó 0,9%. Es decir, se ha reducido el monto involucrado, pero el problema de los proyectos que no avanzan sigue lejos de desaparecer.
Asimismo, el 63,2% de la inversión paralizada corresponde al Gobierno nacional, mientras que las municipalidades concentran el 68,2% de las obras detenidas.
Hay, además, una brecha entre lo que se puede gastar y lo que efectivamente se llega a utilizar. Aunque la eficiencia de la inversión pública se encuentra en su mejor nivel de los últimos quince años, de mantenerse el ritmo actual quedarían sin ejecutarse unos S/19.148 millones al cierre de 2026.
La discusión deja de ser exclusivamente económica cuando se incorpora el riesgo climático. Ante la posibilidad de un nuevo Fenómeno El Niño (FEN), la capacidad del Estado para terminar obras de prevención adquiere otra dimensión, ya que no solo se trata de cuánto se invierte, sino de cuánto puede estar listo antes de que llegue el evento.
El diagnóstico de Capeco evidencia que ninguno de los sistemas de drenaje pluvial incluidos en el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PRCC) estaría listo para reducir el impacto de las lluvias y los desbordes de ríos asociados al próximo FEN.
A ello se suma que todavía no se ha definido cómo se financiará la operación y mantenimiento de esos sistemas ni qué entidad asumirá esa responsabilidad. Tampoco se han previsto reservorios en las zonas altas que permitan almacenar agua durante los periodos de sequía y, al mismo tiempo, reducir el volumen que podría desplazarse hacia las partes bajas durante un FEN.
Con el tiempo cada vez más limitado, las medidas que quedan por delante son principalmente defensas ribereñas, limpieza de cauces y preparación para responder a una eventual emergencia. Son necesarias, pero tienen un alcance distinto al de una política permanente de prevención.
El balance del primer semestre deja así una imagen menos sencilla de lo que podría sugerir el crecimiento de la construcción. La inversión privada avanza con fuerza, la minería recupera dinamismo, las empresas constructoras mejoran sus expectativas y el crédito hipotecario alcanza su mayor nivel de desembolsos en cinco años.
El Estado, en cambio, enfrenta una tarea más compleja. Aunque la ejecución de la inversión pública ha mejorado, todavía arrastra proyectos paralizados y una parte importante del presupuesto podría quedar sin utilizar al cierre del año.
La diferencia será especialmente importante frente al riesgo de un nuevo FEN. Cada obra de prevención que no se termina a tiempo puede significar, después, una emergencia más costosa y una nueva factura de reconstrucción.





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