
El Gobierno espera concretar antes de noviembre los proyectos para ampliar el acceso al gas natural a más de 300.000 nuevos usuarios, informó a La República Iris Cárdenas, viceministra de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem). La funcionaria explicó que la iniciativa, que contempla llevar el recurso a 15 ciudades de siete regiones, se encuentra actualmente en una etapa de revisión de las observaciones formuladas por Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).
Durante la XV Conferencia Gas Natural Perú 2026, Cárdenas detalló que la evaluación conjunta realizada por Proinversión, Osinergmin, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Minem culminó el 29 de mayo. Luego, se elaboró el informe que sustenta la adenda y se remitió a las entidades correspondientes.
Proinversión emitió una opinión favorable, mientras que Osinergmin formuló observaciones. Aunque las opiniones de ambos organismos no son vinculantes, el ministerio decidió levantar primero las observaciones del regulador antes de enviar el expediente al MEF.
Una vez que el Minem complete el levantamiento de observaciones, el expediente será enviado al MEF, que deberá emitir su opinión. Posteriormente, el proceso contempla su paso por la Contraloría General de la República.
El acceso al gas natural sigue concentrado en Lima. De los 1,6 millones de hogares que cuentan con este servicio en el país, alrededor del 80% está en la capital, según los datos presentados por la viceministra de Hidrocarburos durante la conferencia.
La brecha es más evidente en las regiones productoras. En Cusco, donde se concentra buena parte de las reservas de gas natural, solo cinco hogares cuentan actualmente con el servicio. "Tenemos la deuda pendiente de las regiones de donde proviene el gas natural, principalmente Cusco, donde solo hay cinco hogares", señaló.
De los 1,6 millones de hogares que cuentan con este servicio en el país, alrededor del 80% está en la capital.
Como parte de los primeros proyectos para ampliar la cobertura, el sector desarrolló un piloto con el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) que contempla una planta de regasificación y 25 kilómetros de redes para atender a 1.000 familias. Las viviendas tendrán tres puntos de consumo: para cocinar, calentar agua y calefacción. Las acometidas y las instalaciones internas ya se encuentran en proceso de licitación, mientras se define al operador del servicio.
El plan para llevar gas natural a otras regiones empezó hace unos tres años, cuando Cálidda propuso atender a 15 ciudades de siete regiones. La revisión conjunta del proyecto culminó el 29 de mayo y el Gobierno trabaja ahora en las siguientes etapas administrativas.
La ampliación de la cobertura forma parte de una agenda más amplia para aprovechar el peso de los hidrocarburos en la matriz energética. Según Cárdenas, estos representan el 78% de la producción de energía primaria y el 67% del consumo final. Además, han generado más de S/46.000 millones en canon y sobrecanon, de los cuales Cusco concentra más de la mitad a través de la actividad vinculada a Camisea.
El transporte es uno de los principales frentes para ampliar el uso del gas natural, debido a su alta participación en el consumo energético del país. Este sector concentra el 54% del consumo energético, por lo que existe espacio para reducir el uso de diésel, principalmente en vehículos de carga y pasajeros.
La viceministra estimó de manera preliminar que la transición hacia el gas natural podría reducir en 10% el consumo de diésel, aunque precisó que la cifra aún debe ser validada con estimaciones técnicas. El FISE ya contempla mecanismos de apoyo financiero para impulsar esta conversión.
A esta alternativa se suma el desarrollo ferroviario, que permitiría trasladar parte del transporte de pasajeros y carga del diésel hacia sistemas eléctricos.
El gas natural también tiene un peso importante en la generación eléctrica. De acuerdo con la exposición de Cárdenas, los hidrocarburos representan el 41% de la generación, mientras que el gas natural aporta 39%. Su disponibilidad permitió reemplazar centrales que utilizaban diésel, lo que contribuyó a mantener tarifas eléctricas competitivas y contener los costos energéticos de actividades de alto consumo, como la minería.
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Las reservas de gas natural son otro de los puntos que el sector busca atender ante el crecimiento previsto de la demanda. Según Cárdenas, las reservas aprobadas permiten al país contar con unos 13 años de autonomía, pero más del 90% está concentrado en los lotes de Camisea.
Esta concentración ha llevado al Minem a plantear medidas para impulsar nuevas inversiones en exploración, entre ellas el fortalecimiento de Perupetro, la reducción de los plazos de evaluación ambiental y la conformación de equipos de trabajo para acompañar los permisos de cada proyecto.
Uno de los principales cuellos de botella son los estudios de impacto ambiental, cuyo desarrollo puede tomar entre tres y cuatro años. Para acortar ese proceso, el sector propone implementar el IGASPE, un instrumento de gestión ambiental complementario que podría reducir a unos tres meses la evaluación de determinadas actividades de exploración.
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La propuesta contempla que el Estado prepare previamente una línea de base ambiental de las zonas donde se desarrollarán los proyectos, con información sobre especies, calidad del aire y condiciones del agua. Así, las empresas podrían concentrarse en presentar sus proyectos y las medidas para prevenir o mitigar sus impactos.
"Entonces, de tres a cuatro años en tres meses. Eso es lo primero, para incentivar la exploración", explicó Cárdenas a este diario.
La viceministra remarcó que la propuesta no busca reducir los estándares ambientales, sino evitar que los inversionistas tengan que recopilar durante años información que el Estado puede sistematizar. El IGASPE ya fue presentado al Ministerio del Ambiente (Minam) para su validación.
A ello se suma la propuesta de crear grupos de trabajo similares al Grupo Técnico Institucional de Camisea, liderados por Perupetro, para acompañar los proyectos de exploración y agilizar los permisos necesarios.
Cárdenas advirtió que actualmente existe un solo corredor que transporta el gas desde Cusco hacia los usuarios, por lo que el Gobierno considera necesario desarrollar infraestructura adicional para fortalecer la seguridad energética.
La estrategia contempla también mejorar las condiciones para las concesiones de distribución. Para ello, el Minem plantea avanzar hacia una tarifa única y promover la presencia de grandes consumidores que funcionen como demandantes ancla.
Estos usuarios permitirían generar una demanda estable capaz de contribuir a la sostenibilidad económica de las redes de distribución, especialmente en zonas donde la cantidad inicial de consumidores residenciales todavía es baja.
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En ese esquema, la petroquímica aparece como una de las apuestas del Gobierno. Cárdenas señaló que el Minem retomó su promoción con el objetivo de que el gas natural no se utilice únicamente para generación eléctrica, sino también para producir bienes con mayor valor agregado.
La eventual instalación de una industria petroquímica podría convertirse, precisamente, en una demanda ancla para las concesiones de distribución y contribuir a hacerlas sostenibles.
El reto para el sector es, por tanto, doble: ampliar el número de usuarios sin descuidar la disponibilidad futura del recurso. Para ello, el Minem busca avanzar simultáneamente en la masificación, la exploración, la reducción de los tiempos de permisos, el desarrollo de infraestructura y la generación de nuevos mercados para el gas natural.





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