Concesionaria Deviandes demanda al Perú en corte de Estados Unidos por incumplir pago de laudo arbitral por US$99,4 millones

La concesionaria Desarrollo Vial de los Andes (Deviandes) presentó una demanda contra el Estado peruano ante la Corte del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, con el objetivo de ejecutar un laudo arbitral que ordena al Perú pagarle US$99,4 millones por incumplimientos contractuales vinculados a la concesión de un tramo de la Carretera Central.

El fallo fue emitido en noviembre de 2024 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tribunal internacional del Grupo del Banco Mundial que resuelve disputas entre inversionistas y Estados. El tribunal concluyó que el Estado peruano incumplió obligaciones del contrato de concesión y del contrato de garantía suscrito con la empresa.

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Entre los hechos señalados en el laudo se encuentran la falta de cumplimiento del procedimiento para la aceptación formal de obras terminadas, que debía verificar y aprobar la primera etapa del proyecto. Esta demora, según la empresa, afectó su capacidad para cerrar técnicamente una fase crucial y avanzar hacia nuevas inversiones.

También reclaman la ausencia de medidas suficientes para restablecer el orden frente a protestas sociales que impidieron la apertura del peaje de Ticlio. Esta situación, según el tribunal, impidió que la concesionaria operara la estación y recaudara los ingresos previstos en el contrato.

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Empresa busca que tribunal estadounidense obligue al Perú a pagar compensación

Ante la falta de pago del monto ordenado en el arbitraje, la empresa recurrió a la corte federal estadounidense para que reconozca y ejecute el laudo. Este tipo de procesos judiciales busca que los tribunales del país donde se presentan autoricen mecanismos de cobro cuando un Estado no cumple voluntariamente con una decisión arbitral internacional.

El Estado peruano respondió al arbitraje argumentando que Deviandes no cumplía el requisito de nacionalidad extranjera exigido por el Convenio CIADI, ya que no estaría efectivamente controlada por inversionistas extranjeros. Por otro lado, sostuvo que las controversias no superaban el umbral económico de 10 millones de dólares, o que estaban artificialmente fraccionadas.

Perú también alegó que las obligaciones de restablecer el orden público eran decisiones soberanas no sujetas a revisión arbitral. Según esta línea, no correspondía al tribunal analizar si el Estado actuó adecuadamente frente a la protesta social, ya que eso escapaba del ámbito contractual. 

El Estado solicitó la resolución del contrato, argumentando que se había configurado una situación de fuerza mayor prolongada o de excesiva onerosidad. Esta solicitud buscaba revertir el contrato con base en los efectos de la paralización del peaje y en el desequilibrio contractual supuestamente generado. Con estas objeciones y contraacusaciones, Perú intentó reducir o anular la responsabilidad que se le imputaba. Finalmente, el CIADI rechazó los argumentos y declaró procedente la demanda arbitral. 

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Ahora con la incursión de Deviandes al tribunal de EE.UU., de prosperar la solicitud, la resolución podría habilitar a la empresa a iniciar procedimientos de ejecución contra activos del Estado peruano en el extranjero, incluidos eventuales embargos, con el fin de recuperar el monto reconocido por el tribunal arbitral.

El caso está relacionado con la concesión operada por Deviandes en el marco del proyecto de integración regional IIRSA Centro, que comprende la operación y mantenimiento de un tramo estratégico de la Carretera Central.

No es la primera vez que el Perú enfrenta un proceso de este tipo ante tribunales estadounidenses. En el pasado, la concesionaria Kuntur Wasi también acudió a la misma corte para ejecutar un laudo arbitral internacional contra el Estado peruano.

Caso se origina en concesión de tramo de la carretera central

El proyecto de la Red Vial Nº 5 fue adjudicado a Deviandes mediante contrato suscrito en 2009, con el objetivo de operar, mantener y ejecutar obras de mejoramiento en tramos estratégicos de la Carretera Central. La vía conecta Lima y la zona central del país, y también une el transporte de carga pesada hacia el puerto del Callao.

Desde su inicio, el contrato estuvo basado en un esquema de concesión donde el concesionario asumiría los riesgos operativos y recibiría ingresos por cobro de peajes.  

Uno de los componentes más importantes del proyecto era el peaje ubicado en Ticlio, punto elevado y sensible por su ubicación geográfica y social. A pesar de los compromisos contractuales del Estado para garantizar su operación, este peaje fue objeto de protestas sociales desde diciembre de 2017. En medio de la convulsión social, Deviandes dejó de operar el peaje, esperando que el Estado restableciera el orden, cosa que no ocurrió durante años.  

Durante ese tiempo, la empresa continuó asumiendo gastos de mantenimiento y vigilancia, mientras perdía ingresos previstos por contrato. Además, reclamó que el Estado demoró en constituir el Comité de Aceptación de Obras, bloqueando procesos clave para la ejecución de nuevas etapas del proyecto.

Todo ello llevó a Deviandes a iniciar un arbitraje internacional ante el CIADI, alegando que el Estado había incumplido de forma reiterada sus obligaciones contractuales.