Moody’s: Decreto que promueve la venta de activos de Petroperú limitaría la posición de los acreedores

La venta de activos de Petroperú como la Refinería de Talara contemplada en el decreto de urgencia publicado la noche del 31 de diciembre del 2025 por el entonces gobierno de José Jerí es uno de los puntos que hoy observan con atención los mercados. En diálogo con La República, Renzo Merino, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s, señala que esta medida podría tener implicancias para sus acreedores y, en un escenario de default (incumplimiento en el pago de la deuda), en el riesgo país.

"En particular con el decreto que se aprobó a finales del año pasado, veíamos que, entre las diferentes medidas, se estaba promoviendo la venta de ciertos activos de la compañía para apoyar la liquidez. Esa venta podía limitar un poco la posición que tienen los tenedores de bonos, si es que hubiese un problema", sostuvo.

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El ejecutivo de la calficiadora internacional precisó que la preocupación no parte de un escenario base de incumplimiento, sino que consideran que el Gobierno mantendrá el respaldo a la petrolera estatal para asegurar el repago de sus obligaciones financieras, tal como ocurrió en diciembre con el pago de intereses. Sin embargo, el foco de inquietud está en la forma que adoptará ese eventual apoyo.

"Lo que hemos reflejado en la calificación específica de Petroperú (…) es que desde la perspectiva de los tenedores de bonos no es que no vaya a haber un apoyo del gobierno, sino cómo es que se va a dar ese apoyo (....) Los inversionistas quieren tener certeza del repago de estos bonos", explicó a este diario.

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El golpe a Petroperú podría trasladarse al riesgo país

En ese contexto, la forma en que se implementen las medidas del decreto, incluida la eventual desinversión de activos, resulta fundamental para los inversionistas, especialmente si se produjera un escenario adverso. Moody’s también señaló que, en situaciones donde una empresa estatal enfrenta problemas de repago, pueden generarse efectos más amplios relacionados al riesgo país.

"En situaciones donde una empresa estatal tiene problemas de repago, sí pueden existir riesgos reputacionales para el gobierno y eso puede influir en los costos de financiamiento para el gobierno", advirtió Merino, lo que implica mayores tasas de interés que debe pagar el país en futuras emisiones de bonos o préstamos.

La expectativa de la calificadora es que el Gobierno continúe apoyando a la compañía y que, desde el lado operativo, sus finanzas mejoren en los próximos años; ello debido a que en el último estado financiero al cierre del cuarto trimestre del 2025, Petroperú arrojó un ebitda (ganancias antes de intereses e impuestos) de US$13 millones.

"Nuestra expectativa es que el gobierno siga apoyando a la compañía. No creemos que haya riesgo de incumplimiento en este momento”, afirmó.