Reactiva Perú: Estado solo ha recuperado el 6% de los S/ 6.000 millones que desembolsó al sistema financiero

Una auditoría de cumplimiento de la Contraloría realizada a la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) determinó que el Estado tuvo que transferir más de S/ 6.031 millones a entidades del sistema financiero. Esto ocurrió porque 117.673 créditos otorgados bajo el programa Reactiva Perú permanecieron impagos por más de 90 días entre 2020 y el 30 de junio de 2025.

Reactiva Perú, creado en 2020 para evitar quiebras durante la pandemia del Covid-19, permitió que las empresas accedan a préstamos por más de S/ 57.066 millones. Si una empresa no pagaba, el Estado asumía la mayor parte de la deuda.

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Cofide no verificó si los créditos cumplían los requisitos

La Contraloría General de la República advirtió que Cofide no realizó la supervisión posterior a las operaciones de honramiento de garantías, es decir, cuando el Estado paga la deuda impaga como garante. Esta revisión era necesaria para confirmar que los créditos realmente cumplían con los requisitos de elegibilidad y, en caso contrario, gestionar la devolución de los montos transferidos.

El informe señala que Cofide solo verifica que las entidades financieras adjunten expedientes sobre el proceso de otorgamiento del crédito, pero no revisa la consistencia de su contenido ni valida si los préstamos que terminaron siendo pagados por el Estado cumplían con las reglas del programa.

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La auditoría también encontró que Cofide no supervisó que los bancos y financieras aplicaran sus propias políticas de cobranza a las empresas deudoras, pese a que Reactiva Perú exige que estos créditos reciban el mismo tratamiento que la cartera regular de cada entidad.

Recuperación mínima y riesgo de pérdida millonaria

Del total de S/ 6.031 millones ya honrados por el Estado, solo se han recuperado poco más de S/ 404 millones, lo que equivale al 6,7 %. Además, existen S/ 2.115 millones en proceso de recuperación, equivalentes al 35,1 %.
Sin embargo, más de S/ 3.512 millones no podrían recuperarse y se convertirían en una pérdida definitiva para el Estado, según la información proporcionada por la entidad auditada.

Durante la auditoría, el Ministerio de Economía y Finanzas informó que aprobó medidas normativas para reforzar la recuperación de la cartera honrada. Entre ellas, nuevas disposiciones para que las entidades financieras puedan aplicar descuentos, refinanciar deudas, ceder cartera y usar otros mecanismos que permitan maximizar la recuperación.
El MEF reiteró que, a pesar de estas mejoras, la responsabilidad de supervisar y administrar todo el proceso recae en Cofide.

El Órgano de Control Institucional (OCI) de Cofide concluyó que la falta de supervisión posterior y la ausencia de control sobre las políticas de recuperación de los bancos limita la capacidad de la entidad para detectar créditos no elegibles y gestionar la restitución de los montos pagados. Esto, finalmente, impide proteger adecuadamente los recursos públicos.