Medida cautelar. Poder Judicial de Arequipa ordenó que todo acto administrativo que derive del PDM sea suspendido hasta que termine el juicio en contra de alcalde Zegarra y demás. ,Los trámites para construir en zonas agrícolas de Arequipa quedarán paralizados.También las gestiones para formalizar las ocupaciones asentadas en zonas fuera del área de expansión urbana (invasiones). A través de una medida cautelar, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJA) ordenó detener los actos administrativos que se originaban del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) de Arequipa aprobado por el concejo provincial de Arequipa en febrero del 2016. El pedido de paralización fue planteado por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, como una forma de evitar que se siga depredando la campiña, mientras se realiza el juicio en contra del alcalde Alfredo Zegarra, regidores de la municipalidad provincial y miembros del Instituto Municipal de Planeamiento (Impla) por aprobar el PDM, aparentemente vulnerando las leyes. PUEDES VER: Grúas en Arequipa son la bestia negra de conductores [VIDEO] En una primera instancia se negó el pedido de la Fiscalía. Esta apeló la resolución y recientemente la sala le dio la razón al Ministerio Público. No obstante, con el inicio de la huelga de trabajadores del Poder Judicial, esta sentencia aún no puede ser notificada al municipio. El año pasado, tras la aprobación del PDM, la Fiscalía del Ambiente inició una investigación al alcalde y demás regidores por el presunto delito de Otorgamiento Ilegal de Derechos. Según la tesis fiscal, no se cumplió con realizar audiencias públicas y levantar observaciones antes de aprobarlo, como lo establece el Ministerio de Vivienda. Esto habría generado el cambio de uso de 400 hectáreas de campiña y la alteración del paisaje de zonas protegidas como el Centro Histórico, Tocrahuasi y Carmen Alto en Cayma. Por esta razón, denunció a los implicados y pidió una pena de 4 años de prisión suspendida. Adicional a este pedido, la fiscal Carolina Cáceres pidió la paralización del PDM, una medida cautelar, mientras se resuelva el tema de fondo. Para la Sala, el pedido de la Fiscalía que consiste en suspender los actos administrativos del PDM debe admitirse. Eso garantiza que no se den permiso a habilitaciones o construcciones mientras dure el proceso ya que de haber una sentencia adversa ya no se podría demoler ni rehabilitar la campiña depredada. Incluso estaría en riesgo el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad, que posee Arequipa que prevé la conversación del área agrícola. Es cierto que el PDM debe anularse con una acción constitucional pero un fallo a favor de la Fiscalía significaría el primer paso para ello. La Sala también aclara que lo que se paraliza son los actos administrativos que provienen del PDM. Vale decir: los certificados de zonificación y vías, la aprobación de planes específicos como el de Carmen Alto y Centro Histórico, y la compatibilidad de uso sobre la zona agrícola. Francisco Ampuero, gerente del Impla, calificó la medida como un mal precedente. Aseguró que la comuna apelaría a la Corte Suprema.
