El beneficiario es la "Cooperativa de Ahorro y Crédito para Emprendedores" del grupo Orellana, una entidad creada el 2011 en Lima y no supervisada por la SBS. Medidas cautelares se habrían tomado con conocimiento del presidente de la Corte.Ucayali,César Romero C. Grandes sorpresas encontró la Unidad de Visitas de la OCMA en la supervisión "in situ" que realiza a la Corte Superior de Justicia de Ucayali, desde el miercoles último. En el Juzgado de Campo Verde, que atiende el juez supernumerario Wenceslado Portugal Cerruche, encontraron una demanda de amparo y medida cautelar contra la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE). La medida cautelar ordena a la SBS y al OSCE reconocer a la "Cooperativa de Ahorro y Crédito para Emprendedores" como una entidad autorizada para emitir cartas fianza en respaldo de obligaciones de sus socios frente a cualquier entidad del Estado con los mismos derechos y prerrogativas que reconocen a otras entidades financieras. La medida cautelar fue emitida en octubre y se encuenta en proceso de notificación. Además, el juez Portugal Cerruche ordenó a la SBS y al OSCE publicar la sentencia en sus respectivas páginas web "bajo apercibimiento de imponerle multa progresiva y de remitirse copias para la denuncia penal correspondiente". ORELLANA La Cooperativa de Ahorro y Crédito para Emprendedores, creada en julio del 2011, es otra de las empresas del entramado financiero y legal que dirige el abogado Rodolfo Orellana, que le ha permitido poner en jaque a diversas instituciones del Estado. Precisamente, también en octubre, otro magistrado de Ucayali, el juez mixto de la lejana localidad de Atalaya paralizó una investigación de la fiscalía contra el crimen organizado contra el grupo Orellana, por presunto lavado de activos. En tanto que, en diciembre último, Portugal dictó otra medida cautelar, que se ejecutó de inmediato, que permitió a dicho grupo "secuestrar" a la SUNAT una carga de 316 kilos de oro, en proceso de decomiso, valorizada en 11 millones de dólares. La SBS y el OSCE se niegan a admitir las cartas fianzas emitidas por esta cooperativa, por montos millonarios que hasta ahora no se han podido cuantificar, al considerar que no es supervisada por la SBS y se desconoce sus fuentes de financiamiento. Las cartas fianzas es uno de los principales requisitos que el Estado exige a los contratistas, a fin de asegurar económicamente que cumplan los acuerdos. Sin una carta fianza segura, el contratante puede desaparecer con los adelantos y, luego, la cooperativa sin socio activo también declararse víctima y sin posibilidad de pagar, según el OSCE. Sin embargo, en los documentos intervenidos por la OCMA, el juez no absuelve esos cuestionamientos, sino que alega el "inminente peligro de pérdida irreparable" que aducen los abogados. Otro detalle detectado por la OCMA es que el presidente de la Corte Superior de Ucayali, Boza Olivaria, tenía conocimiento de todos estos amparos y medidas cautelares y pudo darse cuenta de que tenían un solo beneficiario y los mismos abogados. La OCMA, que dirige la jueza suprema Ana Aranda Rodríguez, termina hoy su visita de control a Ucayali y no se descarta que recomiende al Consejo Ejecutivo del PJ intervenir dicha corte, al igual que en Madre de Dios. RENUNCIA EN CORTE DE MADRE DE DIOS El juez superior Marino Gabriel Cusimayta Barreto renunció a la presidencia de la Corte Superior de Madre de Dios en desacuerdo con la intervención de este distrito judicial, por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ante denuncias de contubernios de los jueces con la minería ilegal en esa zona. Marino Cusimayta expresó que no todos los jueces y trabajadores son corruptos, por lo que renuncia "en salvaguardia de la dignidad y honra de los honestos". Cusimayta ocupaba la presidencia de la Corte de Madre de Dios desde el 2011 y debía dejar el cargo, este año, en manos de Jhon Hurtado Centeno. En tanto, el juez del 2°Juzgado Mixto Liquidador de Huepetuhe, Madre de Dios, declaró improcedentes 9 acciones de amparo y 8 medidas cautelares interpuestas por personas y empresas mineras contra el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas.
