La arremetida del gobierno para obligar a que se apruebe sí o sí y más rápido que en un santiamén el proyecto de Ley 2408 –sobre las empresas con corrupción probada y las acusadas de serlo- ha alcanzado su punto máximo en los últimos días.,La arremetida del gobierno para obligar a que se apruebe sí o sí y más rápido que en un santiamén el Proyecto de Ley 2408 –sobre las empresas con corrupción probada y las acusadas de serlo- ha alcanzado su punto máximo en los últimos días. Los titulares y noticieros dicen que, si ese proyecto no se aprueba, se nos viene la catástrofe económica: cesará la inversión, se romperá la cadena de pagos, caerá el consumo y claro, decenas de miles de personas se quedarán sin empleo. Y los responsables no serán otros que los miembros del Congreso. Lejos estamos de los discursos positivos de hace pocas semanas cuando el gobierno decía que el PBI del 2018 crecería por encima del 4.5% debido a los buenos precios de los metales, se licitaba Michiquillay y pronto vendría el momento comenzaría la inversión en Quellaveco y quizá en Tía María. ¿Por qué todo ha cambiado y ahora la urgencia es máxima? En parte puede ser por las declaraciones de Barata, que ahora involucran a todo el elenco tradicional de la clase política. Pero si miramos un poco más de cerca el PL 2408 podemos ver que está claramente direccionado al pago de las deudas. Veamos por qué. Comencemos por el fideicomiso para el pago de la reparación civil al Estado, que es el tema clave en todo acto de corrupción, pues se trata de “reparar” el daño causado a todos los peruanos. Con el DU 003 no hubo claridad para su determinación, lo que, visto desde ahora, nos dice que el Ministerio de Justicia no tuvo –o no quiso tener- una posición clara. Es por eso que la Procuradora Ampuero fijó montos altos, que fueron cuestionados por Odebrecht y procedió a medidas judiciales que, por ejemplo, trabaron la venta de Olmos. Dicho todo esto, en el 2017 apenas si el fideicomiso recaudó 30 millones de soles. Este monto palidece frente a los S/. 3,400 millones fijados hace poco por el nuevo procurador. Se podría afirmar que Odebrecht nos “repare” todo lo que se le pueda imputar. Pero esos montos siderales en verdad nos llevan por un falso camino, aún si algunos obran de buena fe. En el caso de los S/. 3,400 millones existe un claro intento de provocación cuyo objetivo no era otro que parar las declaraciones de Barata. La prueba más clara es que se imputaron S/. 1,400 millones por el Gasoducto Sur Peruano, a pesar que las investigaciones preliminares de varias fiscalías no han llegado a determinar la existencia de actos de corrupción. Volvamos al 2408. A primera vista todo aparece muy bien, pues se establece que el fondo de fideicomiso se nutrirá con el 50% del valor de venta de los activos, menos las deudas. Dice Semana Económica (18/02) que el valor de los activos de cuatro empresas llega a US$ 4,197 millones, divididos así: Chaglla (1,400 millones), Chavimochic (700), IIRSA 2 y 3 (1,340), Olmos (247) e IIRSA Norte (510). El quid del asunto: a cuánto ascienden las deudas. Si son altas quedará muy poquito para el fideicomiso y la reparación civil. Veamos qué nos dice la Universidad de Piura, que ha estimado el valor de los activos y deudas del mayor activo, la hidroeléctrica de Chaglla (1). Dice Piura que su previsión del valor de venta es US$ 1,420 millones, a lo que hay que descontar las deudas. Las más importantes son las deudas a los bancos: US$ 761.7 millones por financiamiento del proyecto y US$ 308 millones por financiamiento del capital. Cuando se agregan las otras deudas a privados y, también, a SUNAT y Cofide, para el fideicomiso solo quedan, Piura dixit, US$ 50 millones. Por tanto, detrás de la impactante cifra del 50% de US$ 1,420 millones (710 millones), el Estado solo se queda con el 3.5% (50/1,420). Mire usted. Si los demás proyectos tienen el mismo % de deudas, entonces el monto del fideicomiso y la reparación civil, va a ser ínfimo. Agréguele usted que con el PL 2408 ya no se podrán tomar medidas cautelares tributarias por la SUNAT. Otrosí: ¿por qué el Ministerio de Justicia es el encargado de determinar el valor de los activos y las deudas? El “argumento” oficial: “porque ellos determinan el monto de la reparación civil”. Eso es mezclar papas con camotes. Ese cálculo del valor de activos y deudas lo debiera hacer el MEF. Es nuestra reparación. Hay que ponerle freno a lo que aparece como una agenda encubierta. La incertidumbre sobre la recaudación efectiva del fideicomiso es razón suficiente para que se estudie a fondo este PL y se deje de lado el “bullying” del Ejecutivo, que nada hizo en los meses anteriores y que hoy favorece el pago al sistema financiero. Hay muchas cosas más que quedan en el tintero, como la colaboración eficaz y el avance hacia acuerdos de lenidad. Dicho esto, la cuestión de fondo es saber por qué en el Perú, a diferencia de otros países, no se logra una vía de salida de la corrupción. ¿Será porque hizo metástasis generalizado? 1) Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura: Programa Taller Caso Lava Jato, 26/02/2018.
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