La obscenidad de los detalles es un remezón que destruye vidrios de grandes edificios y va a complicarle la vida a Nadine Heredia, Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya, Avraham Dan On, Susana de la Puente y Luis Alva Castro, pero no es claro que la cosa vaya más allá.,Muchos periodistas han usado el símil del terremoto para referirse a los efectos de las respuestas que dio Jorge Barata al interrogatorio de los fiscales peruanos sobre nuestra política. Conviene, me parece, detenerse en esta figura. El epicentro está en Brasil, pero sus efectos se sienten en toda la región, y no debe perderse la perspectiva. Según confesión de directivos de Odebrecht en los Estados Unidos, de diciembre de 2016, se reconoce que entre 2001 y 2016 la empresa pagó unos 788 millones de dólares por sobornos, por más de cien proyectos en doce países, que permitieron ingresos de 3.336 millones. 349 se pagaron en Brasil, 439 millones fuera. Ordenándolos por montos, la cosa queda así: en primer lugar está Venezuela, donde se pagaron 98 millones de dólares entre 2006 y 2015; luego República Dominicana, con 92 millones entre 2001 y 2014; Panamá, 59 entre 2010 y 2014; Angola, 50 entre 2006 y 2013; Argentina, 35 entre 2007 y 2014; Ecuador, 33.5 entre 2007 y 2016; en séptimo lugar Perú, con 29 millones entre 2005 y 2014, que permitieron beneficios por 143 millones (sabemos que Toledo habría recibido 20 por la interoceánica sur); Guatemala, 18 entre 2013 y 2015; Colombia, 11 entre 2009 y 2014; México, 10.5 entre 2010 y 2014; y Mozambique, con 900.000 dólares entre 2011 y 2014. Las recientes declaraciones de Barata se refieren a aportes a campañas electorales que suman 8 millones 400 mil. Como en los terremotos, sabemos que han ocurrido siempre, cuáles son las causas, que la energía sísmica está allí acumulándose, pero cuando ocurre, igual nos asustamos y sufrimos sus estragos. Sabemos que desde siempre el sector privado ha financiado las campañas electorales; Dionisio Romero lo ha reconocido, y hasta la ley de partidos de 2003 no existía ninguna regulación al respecto; y desde entonces existe, pero apenas se cumple. Pasado el susto, tenemos que para los principales afectados llueve sobre mojado: en cuanto a Susana Villarán se confirma lo señalado por Valdemir Garreta en noviembre del año pasado, que la campaña contra la revocatoria habría recibido tres millones de dólares mientras ella era autoridad, lo que la complica especialmente; también se confirma la declaración de Odebrecht de tres millones para la campaña de Humala de 2011. Ese año también habrían recibido dinero las campañas de Keiko Fujimori (1 millón 200 mil), Toledo (700 mil), y Kuczynski (300 mil); y la de García (200 mil) en 2006. La obscenidad de los detalles es un remezón que destruye vidrios de grandes edificios y va a complicarle la vida a Nadine Heredia, Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya, Avraham Dan On, Susana de la Puente y Luis Alva Castro, pero no es claro que la cosa vaya más allá. Odebrecht ha dicho que los aportes de campaña buscaban “abrir puertas” y no están asociadas directamente a actos ilícitos. Barata declaró sobre estos aportes, pero asumiendo que no se están tratando temas de corrupción. Recibir estos aportes, ¿constituye solo una falta administrativa, o se puede tipificar un delito? Hasta el momento no queda claro, aunque es indudable el fuerte impacto negativo en términos de imagen ante la opinión pública, que seguramente impactará también en las encuestas de intención de voto. Entonces, este sismo, si bien fuerte, no es todavía el megaterremoto que hace tiempo estamos esperando: este llegará, esperamos, cuando el fiscal Hamilton Castro interrogue a Barata por los sobornos pagados por Odebrecht, en el contexto de un esquema de colaboración eficaz. Allí recién veremos cuántos altos funcionarios, ministros y ex presidentes terminan en la cárcel.
