Vete, vete, Ppk

La crisis política y de gobernabilidad - que se comenzó a gestar desde los primeros actos de sumisión de este gobierno al obstruccionismo de Keiko- se ha agravado a niveles ya insostenibles por varias circunstancias. Una es el costo político, social y eventualmente legal del indulto; y la otra es el estado de inamovilidad política y operacional en las que se ha colocado este gobierno dadas su dependencia política del fujimorismo (de Keiko o Kenji) y su desprestigio interno y externo ante su insistente defensa del indulto.  

4 Feb 2018 | 7:30 h

La crisis política y de gobernabilidad - que se comenzó a gestar desde los primeros actos de sumisión de este gobierno al obstruccionismo de Keiko- se ha agravado a niveles ya insostenibles por varias circunstancias. Una es el costo político, social y eventualmente legal del indulto; y la otra es el estado de inamovilidad política y operacional en las que se ha colocado este gobierno dadas su dependencia política del fujimorismo (de Keiko o Kenji) y su desprestigio interno y externo ante su insistente defensa del indulto.  Una manifestación concreta de esta inoperatividad es la flagrante incapacidad que ha tenido el gobierno para atender la problemática álgida de los agricultores de la papa. Lejos de plantear y trabajar conjuntamente soluciones sostenibles en el tiempo – a mediano, corto y largo plazo – con un sector importante de peruanos para quienes la agricultura es su mudo de subsistencia, se agudizaron las diferencias llevándolos a la desesperación que el gobierno no supo manejar sino con una criminal respuesta asesinando a 2 campesinos y dejando heridos al menos a una docena. Y aun sigue el tema creciendo como bola de nieve sin visos de una atención responsable y humana.

Las semanas que vienen serán claves para una serie de definiciones políticas y legales. De un lado la Corte Interamericana de Derechos Humanos dará a conocer su fallo sobre el indulto y la docena de irregularidades denunciadas por la defensa de los familiares de las víctimas de Fujimori (Carlos Rivera). La Comisión Interamericana planteó durante la audiencia su posición de rechazo al indulto dejando claro que ¨se pudieron tomar otras medidas sin que fuera necesario el indulto o gracia¨, que llevaron al atropello del derecho de las víctimas cuando la reconciliación verdadera (y no la teatralizada por el gobierno) debiera ser primero ¨entre el Estado y las víctimas¨ (que al día de hoy aun no son recibidas por PPK). La Comisión fue tajante al sostener que ¨el restablecimiento de los derechos de las víctimas de Barrios Altos y la Cantuta solo podrá lograrse con una orden expresa de revocatoria del indulto¨, y en el transcurso de las próximas semanas la Corte IDH dará su veredicto. Si este gobierno insiste con no acatar el fallo, esto traerá una serie de problemas y retrocesos para el país en el ámbito supranacional y nacional, no solo en este caso particular sino también en términos generales de protección a los derechos humanos y cumplimiento del orden legal obligación de un Estado democrático adscrito al ordenamiento supranacional. Pero no solo se espera esta semana la respuesta externa de la Corte IDH, sino también el fallo de la Sala Penal Nacional que, según fuentes del Diario Uno, estaría por dar a conocer su fallo a favor de que Fujimori sea enjuiciado por la matanza de Pativilca. Sobre la evidencia de que la gracia ha incumplido las fechas previstas en la Constitución.

Con este horizonte de inminente reversibilidad del indulto (desde el fuero externo), y de la gracia (desde el interno), el gobierno la tiene complicada si insiste en su defensa cerrada. Algo que no solo continúa socavando la credibilidad y legitimidad de Kuczynski, la premier Araoz y el ministro de Justicia Enrique Mendoza, sino que los ubica como sujetos de eventuales procesos penales por todos los ilícitos que han ido acumulando en este caso.

 

Sumado a este sombrío panorama, y como una guillotina de Damocles, se cierne sobre Kuczynski el tema Odebrecht cada vez con más filo de nuevas revelaciones. Esta semana las dos bancadas de izquierda, Frente Amplio (FA) y Nuevo Perú (NP) han presentado por separado dos solicitudes de vacancia contra el presidente por ¨permanente incapacidad moral¨. En el caso del FA, sustentada en las mentiras que llevaron al indulto y en nuevos hallazgos de millonarias operaciones bancarias entre empresas del presidente y de su socio (testaferro para algunos) y Odebrecht. Y en el caso de NP, directamente por los vínculos de PPK con Odebrecht. Esta vez los 10 votos de Kenji no alcanzarán para salvar a Ppk.

Urge recuperar las condiciones de gobernabilidad del país, a vistas de que este gobierno –con PPK y Araoz- es incapaz de retomarlas por sí transitando la legalidad. Y esto es algo que, más allá de las personas, afecta gravemente la marcha política, social y económica del país. Si algún sentido de responsabilidad aun le asiste al presidente, debería tener la valentía de dar un paso al costado y ahorrarnos seguir ahondando en la crisis a la que él mismo, por sus actos públicos y privados, nos ha llevado.

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