Las declaraciones de Marcelo Odebrecht, comprometiendo a cuatro presidentes y a la principal líder del fujimorismo en presuntos actos de corrupción, han llevado a algunos a anunciar una “tormenta perfecta”: una crisis generalizada que desembocaría en el colapso del sistema político y la transición hacia un nuevo escenario. Hay ciertas similitudes con la crisis política abierta en 1997 por la decisión de Alberto Fujimori de destituir a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, que detonó las movilizaciones populares que desembocaron en la Marcha de los Cuatro Suyos y precipitaron su huida a Japón; acaba de conmemorarse 25° Aniversario de su gesta el día 19. Pero hoy falta un ingrediente fundamental: una crisis económica en marcha. La experiencia de las últimas dos décadas en América Latina muestra que los ciudadanos dejan de ser tolerantes con la corrupción cuando esta aparece asociada con una caída significativa de su nivel de vida e ingresos. No es el caso presente. La economía peruana ha mostrado una leve mejoría durante el segundo semestre. Una imprevista elevación de los precios de las materias primas (el cobre principalmente, cuyo precio ha subido en un 25%) ha evitado que se produzca la recesión que se temía. El descontento frente a la corrupción generalizada y el sentimiento de rechazo al elenco político vigente (“¡Que se vayan todos!”) no es suficiente. Aunque sigue creciendo la desigualdad social y económica en el Perú, coyunturalmente no hay un estado de crisis que haga intolerable el sentimiento de que los pillos roban el futuro a todos peruanos. Esto no quiere decir que la crisis ética e institucional haya amainado. En una precisa caricatura de Carlín, los amigos de Jorge Barata, el encargado de la distribución de los sobornos de Odebrecht en el Perú, le brindan un almuerzo de camaradería. Todos los comensales –Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori– demandan en coro: “¡Que no hable, que no hable!”. El grueso de las acusaciones que Marcelo Odebrecht ha formulado ante los fiscales peruanos terminan remitiéndose a la ratificación de Jorge Barata, que debe precisar detalles como cuánto dinero se dio a los acusados, cuándo y de qué manera. Las declaraciones de Odebrecht han comprometido a Alan García y a Keiko Fujimori como receptores de dinero de su empresa. Han involucrado directamente a Pedro Pablo Kuczynski, señalando que lo contrató “para curar heridas”, e indirectamente, al afirmar que está seguro de que todos los candidatos presidenciales con posibilidades recibieron dinero de su empresa. Que hable Jorge Barata es pues imprescindible para que se haga justicia. Para que Jorge Barata se acoja a la colaboración eficaz con el Perú es necesario que se le otorgue garantías de que sus declaraciones no van a ser utilizadas judicialmente en su contra. El Ministerio Público le dio inicialmente estas garantías, pero luego le fueron retiradas. Sin garantías no tiene ningún incentivo para declarar, más aún, ganándose la enemistad de quienes, de salir bien librados, podrían vengarse de él en el futuro. Las maniobras para impedir declaraciones incómodas corren por múltiples canales e involucran también a las instituciones encargadas de ejercer justicia. El fiscal José Domingo Pérez, encargado de interrogar a Marcelo Odebrecht en Curitiba, denunció ante la Oficina de Control Interno del Ministerio Público que el fiscal Alonso Peña Cabrera Freyre, jefe de la Oficina de Cooperación Internacional, pretendió imponerle que se abstuviera de preguntar a Marcelo Odebrecht qué significaban las iniciales AG, con el evidente propósito de encubrir a Alan García. Sería bueno saber qué va a hacer el órgano de fiscalización del Ministerio Público. La ofensiva generalizada del fujimorismo denunciando el involucramiento de PPK con Odebrecht no solo busca arrinconarlo políticamente, sino mostrarle, vía la extorsión, que ahí donde todos tienen mucho que ocultar conviene más formar un frente por la impunidad; una propuesta que en un estilo mafioso fue hecha ya en febrero por Eliane Karp: “¡Qué vergüenza, PPK, tú que tantos negocios y lobbies has hecho! No me hagas hablar”. Por cierto, PPK debe explicaciones no sólo sobre su contratación como consultor sino sobre cómo terminó colocando a Jorge Barata, Jorge Camet y José Graña Miró Quesada, líderes máximos de las tres principales empresas que participaron en el consorcio de la carretera Interoceánica, como directivos de su ONG Asociación Empresarial para el Desarrollo Rural, poco después de abandonar su cargo ministerial. Urge un frente contra la corrupción e impunidad.
Edición Impresa - La Republica | Lima - Domingo 24 de Noviembre del 2024