Fiscalía archivó 4 veces caso del pastor González sin completar diligencias

Mano blanda. Contra las observaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la División de Investigación de Lavado de Activos de la Policía (Divila) y la Procuraduría de Lavado de Activos, se dejó de lado el levantamiento del secreto bancario y peritajes contables a varios líderes del Movimiento Misionero Mundial (MMM).

31 Oct 2017 | 6:00 h

Carla Díaz / Graciela Tiburcio
Wayka.pe

Hasta en cuatro ocasiones la Procuraduría de Lavado de Activos reclamó al Ministerio Público la continuación de la investigación al líder del Movimiento Misionero Mundial (MMM), el pastor Rodolfo González Cruz, así como a miembros de su familia y a otros dirigentes de la organización evangélica.

Sin embargo, la 46ª Fiscalía Provincial Penal de Lima resolvió archivar el caso, no obstante que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), reportó movimientos sospechosos en las cuentas de MMM, en las de Rodolfo González y otros dirigentes de la iglesia evangélica.

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Además, la División de Investigación de Lavado de Activos (Divila) también solicitó profundizar el caso luego de encontrar indicios razonables del presunto delito.

La Procuraduría y la Divila pidieron que se levantara el secreto bancario y se practicaran pericias contables a los hijos de González, Eliezer González Porro y Elías González Porro, así como al pastor Edgardo Barba Ojeda, porque se sospechaba que actuaban como testaferros. Pero la fiscal María Cabello Arce desoyó las peticiones y archivó el expediente.

Wayka.pe solicitó a MMM que alguno de sus voceros acreditados ofreciera su versión sobre los hechos descritos en este reportaje investigativo, pero respondieron que no se pronunciaría.

La fiscal María Cabello tampoco aceptó una entrevista requerida en reiteradas oportunidades.

El hilo de la madeja

El caso contra MMM, el pastor González y otros dirigentes de su agrupación se inició por el supuesto desbalance patrimonial en las finanzas de los líderes religiosos en el periodo 2005-2010, y alcanzó a los hijos del pastor González: Eliezer, Elías y Debora González Porro, quienes participaban en la conducción de MMM.

También fueron comprendidos en las pesquisas el representante del MMM en Ecuador, Eugenio Masías Corbacho; Fernando Moreno Ávalos, ex pastor y ex yerno de Rodolfo González; así como Edgardo Barba Ojeda y Fernando Roca Arbulú, quienes protagonizaron una disputa por el control de propiedades de MMM en Chiclayo, en 2008. El abogado Fernando Roca fue asesinado con 16 balazos por sicarios, el 27 de octubre de ese año.

El expediente de la indagación fiscal contra MMM y sus líderes –documento al que tuvo acceso Wayka.pe– revela que la Procuraduría de Lavado de Activos se quejó en cuatro ocasiones debido a la “falta de motivación” de la 46ª Fiscalía Provincial Penal de Lima para investigar y recabar las pericias contables y reportes financieros de operaciones sospechosas de varios de los investigados.

Poca profundidad 

La evidente falta de diligencia de la fiscal María Cabello motivó a la Procuraduría de Lavado de Activos formular una queja al detectar que la autoridad no tomaba en cuenta los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), emitidos por la UIF respecto a las finanzas de Rodolfo González, Fernando Moreno y el MMM.

De la misma forma, la Procuraduría también planteó una nueva queja al descubrir que la fiscalía no había obtenido información financiera sobre los denunciados Fernando Moreno Ávalos, Eugenio Masías Corbacho y Eliezer y Debora González Porro.

Además, la Procuraduría dejó en evidencia que la motivación investigativa de la fiscalía era genérica, ya que no había especificado los hechos atribuidos a cada investigado ni formuló el análisis jurídico respectivo que correspondía por el hecho.

En un primer momento, la Cuarta Fiscalía Superior de Lima le dio la razón a la Procuraduría de Lavado de Activos al concluir que “no se habían precisado los hechos que se le imputan a los citados denunciados, siendo genérica la imputación y dirigida principalmente a Rodolfo González; por lo que, a efectos que se realice un análisis minucioso de la participación de cada uno de los denunciados, debe precisarse cuáles serían los hechos imputados o denunciados”.

La Fiscalía Superior además destacó que la Policía de Lavado de Activos alertó sobre la posible existencia de otros delitos relacionados con el delito que se investigaba, como estafa, apropiación ilícita y usurpación, por lo que la fiscalía a cargo del caso debía evaluar con la mayor rigurosidad y agotar las investigaciones en torno a los hechos denunciados, y si durante el proceso “advierte la comisión de otro delito, debe investigar y pronunciarse”, indicó.

“En el Informe Policial se ha sostenido la existencia de un presunto desbalance patrimonial por la presunta comisión del delito de fraude en la administración de personas jurídicas, por lo que debe también investigarse dicho extremo, y no parametrar la investigación sólo al delito de lavado de activos por el cual se denunció primigeniamente”, precisa el documento de la Fiscalía Superior.

Sin embargo, increíblemente, la fiscal María Cabello resolvió archivar el caso contra el pastor González que declaró a la policía que entre 2005 y 2010 sus feligreses aportaron a su iglesia 34.8 millones de soles, algo así como 7 millones al año.

Una investigación fiscal incompleta y deficiente

En la última queja interpuesta por la Procuraduría de Lavado de Activos contra la fiscal María Cabello Arce resaltó que no se llevaron a cabo las pericias contables a todos los investigados y que la fiscalía tomó en cuenta solo las manifestaciones de los investigados para determinar que no existía ningún delito.

“No se ha practicado ninguna pericia contable respecto a Eugenio Masías Corbacho, Eliezer González Porro, Débora González Porro (...), solo se han tomado en cuenta las declaraciones en donde no reconocen la comisión del delito, incluso la fiscal refiere que sobre sus actividades económicas no se desprende ningún elemento indiciario que permita advertir la comisión del delito investigado, a pesar de que no se ha practicado la pericia contable respectiva” a todos los involucrados, indica la Procuraduría.

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