El gobierno se muestra incapaz para enfrentar y resolver las situaciones conflictivas. Hasta ahora no tiene una estrategia clara para resolver los conflictos políticos propios de un gobierno dividido dentro de un presidencialismo parlamentarizado. Si se ha llegado a una cierta tregua momentánea no ha sido por iniciativa del Presidente sino de KF, la lideresa de la oposición fujimorista. Lo mismo pasa con los conflictos sociales. Parece que el gobierno no se ocupa de ellos, no los discute en el gabinete y no tiene sola mirada, un mismo discurso y una estrategia definida para resolverlos. Esto ha sido muy notorio en el manejo de la huelga magisterial. La ministra Martens dice una cosa; Basombrío, otra y PPK, otra diferente. El gobierno aparece tan fragmentado como el Sutep al que enfrenta. Otra dificultad que tiene el gobierno es la perspectiva tecnocrática en el manejo de los asuntos públicos que lo lleva a desvalorizar la política y a los políticos como un elemento central en el funcionamiento del gobierno. PPK cree que a la gente le interesa “un pepino” la política porque lo que quiere es “ganar mejores sueldos y mejores servicios públicos” (Caretas, 10/08/17) y que eso se logra con crecimiento económico. A veces los liberales son más economicistas que los marxistas vulgares. Las limitaciones anteriores impiden que cada ministerio tenga un equipo especializado en la resolución de conflictos propios de su área de incumbencia, encargado de diagnosticar y plantear las estrategias más adecuadas y eficaces para resolverlos. Las dificultades señaladas se acrecientan si se tienen en cuenta las restricciones en las que muere el gobierno para resolver los conflictos sociales de los trabajadores estatales. Una primera restricción es tributaria. El gobierno asigna solo el 3,6 del PBI a la educación para atender necesidades insoslayables: sueldos para los profesores, infraestructura educativa, bibliotecas, capacitaciones, etc. No se puede tener maestros finlandeses con sueldos africanos. Finlandia dedica casi 7% del PBI a la educación. ¿Qué se puede hacer con una presión tributaria de 13% cuando las necesidades son enormes? La segunda restricción es ideológica. Desde hace mucho tiempo los gobiernos han desvalorizado la educación pública para revalorar la educación privada. El neoliberalismo ha potenciado esta desvalorización porque ha hecho del bien público de la educación un negocio privado en todos los niveles, sobre todo en el nivel universitario. Incluso los maestros que trabajan en las escuelas públicas hacen estudiar a sus hijos en los colegios privados. La tercera restricción es social. Las protestas y las demandas de los profesores son fragmentadas y el gobierno no sabe con quién negociar. El Sutep ha dejado de ser un movimiento social unificado para convertirse en movimientos regionales cada uno con sus propias demandas y sus propias direcciones gremiales con distintas orientaciones políticas y con el CEN del Sutep. Se cruzan y en enmarañan muchos conflictos. Si el gobierno no supera sus propias limitaciones como actor político y las restricciones que la realidad le pone, no podrá enfrentar con éxito los diversos conflictos sociales.
Edición Impresa - La Republica | Lima - Domingo 24 de Noviembre del 2024