Bienvenidos a la anarquía, por Rosa María Palacios

La presidenta Dina Boluarte ha decidido seguir un sabio consejo: “nunca rompas el silencio, si no es para mejorarlo”, frase atribuida a Beethoven que en una versión más elaborada se expresa así: “cuando no tengas nada que decir, no digas nada; una defensa débil fortalece a tu oponente, y el silencio es menos perjudicial que una mala respuesta”. Variantes de la misma idea hay muchas, incluida una que le dice el conejo Tambor a Bambi: “Si no puedes decir algo agradable, no digas nada”.

El problema es que, siendo sabia la admonición, Dina Boluarte no es ni Beethoven ni Bambi. La presidenta de un país está obligada a explicar sus actos porque lo que esta en juego es su credibilidad y el dinero del público. Para todos los demás, más nos vale usar el consejo, pero para ella no. Si su entorno de crisis no puede manejar esta diferencia, lo único que permiten es que todas las especulaciones sobre el origen de sus novísimos signos exteriores de riqueza parezcan, cada día, más reales y cercanos al delito.

La verdad la haría libre en minutos si no hay nada que ocultar (esta semana, el caso de la princesa de Gales es un buen ejemplo de cómo destruir un operativo de descrédito a la corona inglesa). Pero, en el caso de la mandataria peruana, el silencio indica que hay mucho que esconder porque no existe una explicación razonable sobre la existencia de sus relojes Rolex.

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Boluarte está atrapada en la sensualidad del poder. Ese que le garantiza impunidad para satisfacer su ambición (ordenar matar a “terroristas”, como le dijo falsamente la inteligencia militar y policial que la rodea hasta hoy) y el que le procura un estilo de vida que jamás tuvo ni volverá a tener, sin mas mérito que una penosa lotería electoral. Sin embargo, a diferencia del Congreso, no se siente omnipotente. Conoce que sus limites están en las Fuerzas Armadas y en el Parlamento. Por tanto, no gobierna.

Lo complicado del momento político es que Adrianzén no parece tener las mañas políticas de Otárola. Los partidos en el poder (los que están en el Congreso) lo necesitan como a ella, por ahora. Pero no hay forma de que ambos puedan enfrentar, con un solo acto propio, las barbaridades que les imponen.

Para muestra de lo anterior tan solo un botón trágico: el Ejecutivo promulgó, sin observar, la ley tramitada en 12 horas y aprobada por 78 congresistas que deroga un decreto legislativo que el mismo Ejecutivo promulgó hace 90 días para combatir la minería ilegal. ¿No pudieron defender su norma? No. No pueden. Triunfó el crimen organizado y su largo brazo en el parlamento.

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En un sistema donde la separación de poderes es la norma y existen contrapesos, ningún poder es omnipotente. Todos tienen limites y todos se limitan unos a otros. No es un sistema perfecto, pero al dividir el ejercicio del poder reduces el abuso. Con un Ejecutivo mudo (en todas las materias relevantes de gobierno), el Legislativo ha decidido caminar el camino de la omnipotencia. No reconoce límite alguno. Usan una retórica banal donde se reclaman “primer poder” o “no estar sujetos a mandato imperativo” como si esa fuera causa suficiente para caer en el desacato a fallos judiciales.

Este viernes, Inés Tello y Aldo Vásquez lograron ganar una medida cautelar de amparo en donde, entre otros argumentos, la Corte Superior tuvo que darles a los congresistas una lección de matemáticas elementales: dos tercios de 104 jamás será 67. Si habilitaron a votar a 104 congresistas y se necesitan dos tercios de la votación para inhabilitar, ¿Cómo michi vas a inhabilitar con 67 votos? Así de primitivo es el abuso parlamentario que ha violado los más elementales derechos constitucionales a la dignidad humana y que es hoy pasible de una acción penal por discriminación por edad.

¿Cuál ha sido la reacción del desconocido Alejandro Soto, presidente del Congreso? Mandar a publicar un comunicado, sin su firma (nadie lo va a acusar de valiente) donde organiza un acto de sedición: el Congreso no cumple mandatos judiciales. Como lo leen. En un breve texto, se proclama la forma anárquica de gobierno. “Bienvenidos a la República Peruana, donde cada uno hace lo que le da la gana” es el lema de esta involución política.

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Para desgracia de Soto y sus injertos de la plaza Bolívar, el mandato judicial lo ejecuta la Junta Nacional de Justicia. No estos sinvergüenzas. Así que, por ahora, Tello y Vásquez regresan. Es evidente que el Congreso controla el TC, última instancia donde los van a freír en aceite, pero eso demorará más de 10 meses y habrá terminado su mandato. También es posible que los miembros de la Junta ganen el amparo en doble instancia judicial y así nunca lleguen al TC.

¿Qué pasará cuando termine esta pesadilla de despotismo parlamentario? Si el país no les permite pasar la valla y los manda a su casa, tendrán que enfrentar procesos penales. Si elegimos un congreso serio y comprometido con esta tarea vendrán las acusaciones constitucionales. Muchas ya están en camino, pero se archivan en el mismo Congreso amable con los suyos. Pero ¿qué pasará cuando estos se vayan? Pues para asegurar un retiro feliz le han metido una bombita apestosa al artículo 100 de la Constitución.

Como saben, el Congreso aprobó la bicameralidad y el Ejecutivo ya promulgó lo que es –en realidad– una nueva Constitución. Se suponía que los 55 artículos modificados son solo sobre los roles de dos cámaras. Pero nos mintieron. Pese al celo en revisar sucesivos proyectos, Fuerza Popular metió un contrabandazo para destruir las acusaciones constitucionales que lleguen a la fiscal de la Nación contra ellos mismos. ¿Qué tiene que ver el articulo 100 con la bicameralidad? Nada.

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La Constitución de 1993 resolvió un problema de grave corrupción. En 1991 Alan García fue acusado constitucionalmente por enriquecimiento ilícito en los casos BCCI y Mirage. La acusación llegó al fiscal Méndez Jurado y la archivó sin pestañear. Los detalles del copamiento aprista del Ministerio Público y de la Corte Suprema los pueden leer en El caso García de Pedro Cateriano. Por eso, en 1993, la Constitución estableció que el fiscal de la Nación estaba obligado a acusar en cinco días y que, lo más importante, no podía cambiar los términos de la acusación constitucional. Asimismo, el juez supremo tenía que abrir instrucción. Sí o sí. La Corte vería el caso.

¿Qué han hecho estos bárbaros atilas? Sabiendo que tenían a Patricia Benavides de aliada (recuerden que la primera votación es del año pasado cuando ella negociaba votos por impunidad) nos regresaron a 1991. El fiscal de la Nación ahora “evalúa” sin plazo alguno y, por tanto, puede archivarlo todo. Controlas la Fiscalía de la Nación, una sola persona (y ya han caído por corrupción, tres) y tienes impunidad garantizada. El problema es que en diciembre suspendieron a la aliada y se quedaron con el fustán al aire. Esto es como cuando la policía verifica las huellas en la pared del escalamiento. El choro ya no está, pero puede verse por donde entró y salió.

Una línea final para mis vecinos de Miraflores: gracias. Responderemos con ciudadanía.