Persiste el olvido

 La entrega de reparaciones económicas a las víctimas de la violencia quedó paralizada el 12 de diciembre del año pasado con la renuncia de Isabel Coral. Desde entonces no se designa al nuevo titular de la comisión encargada de ello.  Son 66 mil las víctimas que esperan en todo el país.

 

Por Flor Huilca

 

El próximo 9 de marzo Leonor  Sayre viuda de Rojas cumplirá 21 años de llorar la muerte de su esposo, el suboficial de la PNP Walter Rojas Vargas.  Un día similar, en 1991, un comando de Sendero Luminoso emboscó la patrulla policial en la que Rojas se desplazaba por una carretera de Espinar,  en el Cusco, y lo hizo volar en pedazos junto a dos soldados que patrullaban una zona roja. Fue un golpe mortal, aunque no era el primero que recibía esta mujer. Meses atrás un grupo de senderistas la secuestró cuando salía de la posta médica de Parareqtambo, en Paruro,  la violaron y le cortaron el cuerpo en venganza porque su esposo había requisado armamento a los subversivos.

Hace 19 años que Sandra García enviudó. Un jueves 4 de febrero de 1993 los senderistas accionaron a distancia una mina enterrada en la carretera a Huarmaca, en Piura, por donde pasaba el capitán PNP Roberto Morales con un grupo de policías. A Sandra le dijeron que su esposo estaba entre los sobrevivientes, pero cuando llegó a Piura le entregaron a su pareja en un féretro marrón; era el tercero de los 14 cuerpos que volvieron de esa emboscada.


Estancado



El tiempo que ha pasado desde que sus esposos fueron asesinados es el mismo que tienen ellas luchando contra el olvido del Estado. Al principio la respuesta era solo el silencio y la indiferencia, pero en el 2007 se aprobó un plan de reparaciones para las víctimas de la violencia. El plan caminaba lento, de la mano de la Comisión Mutisectorial de Alto Nivel (CMAN), pero ahora, con el premier Óscar Valdés, se ha paralizado.

Desde el 12 de diciembre, la CMAN no tiene secretario ejecutivo y ningún funcionario asume esas funciones en forma temporal. Este vacío jerárquico perjudica a las víctimas porque no pueden acceder a las reparaciones individuales, aun cuando se tiene un presupuesto de 100 millones de soles que debe ser ejecutado antes de marzo de este año.
Este retroceso en la atención a las víctimas es una mala señal para Giovana Cueva Suárez, quien nada sabe de su hermano José Alfredo desde el 3 de julio de 1989, cuando fue detenido por una patrulla del Ejército en Huancavelica. Con el cambio del premier también se ha transferido a la CMAN de la Presidencia del Consejo de Ministros al Ministerio de Justicia, lo que retrasará todavía más su reactivación.

Su temor no es infundado. En este momento la mayor preocupación de Giovana Cueva, Leonor Saire y Sandra García es saber qué pasará con las modificaciones al Decreto Supremo 051, que elevaba de 10.000 a 36.500 soles (10 Unidades Impositivas Tributarias) el monto de las reparaciones individuales. Los cambios fueron aprobados en noviembre del 2011 cuando Isabel Coral era la secretaria ejecutiva de la CMAN, pero todavía falta que sean ratificados por la Presidencia del Consejo de Ministros. Y es allí donde radica la mayor incertidumbre de las víctimas porque, a diferencia del ex premier Salomón Lerner, no sienten que el premier Valdés sea una aliado de esta causa. A ello habría que sumarle también la oposición que siempre ha mostrado el Ministerio de Economía para resarcir a las víctimas.

La urgencia de lograr que se aprueben estos cambios ha unido a las asociaciones de familiares tanto de víctimas civiles como de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la PNP. Consideran un acto discriminatorio que se les pretenda entregar 10 mil soles de reparación por la pérdida de sus seres queridos cuando se entregó 39 mil soles a los familiares de los miembros de los comités de autodefensa, asesinados en la guerra interna.


Condicionado


Aun cuando sean cuestionables los 10 mil soles, la reparación no está disponible para todas las víctimas. Leonor Saire no podría solicitarlo aunque lo necesite, porque el DS  051 le pone como requisito ser mayor de 65 años y estar dentro de los sectores de pobreza. Leonor acaba de cumplir 48 años. “Eso es injusto, están condenando a que mis hijos esperen 17 años más para ser atendidos. La reparación tiene que ser oportuna y digna para que cumpla su fin”, dice la mujer que preside la Asociación Regional de Afectados por la Violencia Política y Derechos Humanos del Cusco (Aravipoc).

Así como Leonor, tiene que seguir esperando también Virginia Cunya. Ella fue torturada y violada por un grupo de senderistas cuando se negó a ir con un grupo de pobladores para cubrir la retirada de los subversivos en Vilcabamba, Cusco. Quedó con una grave lesión que le impide caminar, pero el Seguro Integral de Salud  (SIS) al que accedió como víctima no le cubre la silla de ruedas que necesita y menos la operación a la ingle que requiere con urgencia. No puede pedir todavía su reparación porque tiene 59 años.

Casos como estos se multiplican en las asociaciones de víctimas. Por ello Sandra García, presidenta de la Asociación de Viudas, Madres y Sobrevivientes de Miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional (Avisfaip), no duda en señalar que el DS 051 en la práctica no facilita la reparación de las víctimas sino que prolonga el olvido que siempre han sentido.

La parálisis que se observa en la CMAN motivó que el defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, formule un llamado público para que se designe a su titular y se reinicien las labores en bien de las  víctimas. En una carta dirigida al ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, le recuerda que desde el 2005, año en que se aprobaron las reparaciones, “no son muchos los avances y se requiere que estas personas recuperen la confianza en el Estado”.

La confianza que se ha recuperado es la de estas mujeres cuyos familiares eran civiles y militares. Doña Eugenia Suárez nos ha contado cómo buscó a su hijo José Alfredo en la base militar de Huancavelica y cómo se enteró de que lo torturaron antes de desaparecerlo. Sandra García, la esposa del policía muerto en las serranías de Piura, la está escuchando con atención y cuando llega la hora de la despedida la abraza con fuerza y le dice: “Cuánto siento tu dolor, solo nosotras sabemos cómo se sufre”.

 

Lento avance

 

La Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) encargada de las reparaciones se creó en el 2004 y tiene cinco formas de reparación para las víctimas, entre ellas la económica. Hasta el 31 de diciembre del 2011 había inscritas 66.892 víctimas directas y familiares que deberían acceder a una reparación. Hasta el momento se ha cumplido con pagar a 1.923 personas. Los sobrevivientes  recibieron 10 mil soles, pero si la víctima finalmente murió ese monto se reparte entre todos sus familiares. Hay una segunda lista de 1.440 beneficiarios que no puede ser aprobada a falta de un titular en la CMAN.

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