MEF y MTC anuncian cambios clave a la ley de APP en agosto: ¿Qué modificaciones se vienen?
Los ministros Raúl Pérez Reyes, de Economía y Finanzas, y César Sandoval, de Transportes y Comunicaciones, se reunieron con representantes de empresas concesionarias y gremios del sector empresarial para exponer los lineamientos de un nuevo enfoque en las asociaciones público-privadas (APP).
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Durante este encuentro, los titulares de las carteras anunciaron que en agosto presentarán una propuesta para modificar la Ley de APP, con el objetivo de mejorar la operatividad de estas asociaciones y favorecer la inversión y el desarrollo de infraestructura.
El anuncio se realizó frente a los concesionarios de puertos, aeropuertos, infraestructura vial y ferrocarriles, así como representantes de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura (AFIN) y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP). Pérez Reyes explicó que el Ejecutivo observará la autógrafa de la Ley de APP con el fin de preparar estas modificaciones, que serán sometidas a discusión en el Congreso para buscar un consenso.
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El titular del sector indicó que el hecho de que se observe la autógrafa no debe tomarse como un retroceso en el desarrollo de las APP, sino más bien como una medida para favorecer su desarrollo, proporcionando un marco más sólido, utilizable y transparente para el país. Asimismo, adelantó que la propuesta que presentarán contendrá una solicitud de facultades legislativas para que la exigencia de la normativa de la Ley General de Concesiones con respecto a la aprobación de adendas a los contratos de concesión sea mucho más expedita.
¿Cuáles son las modificaciones en la ley de Asociaciones Público-Privadas?
Entre los cambios propuestos, se plantea una modificación importante en el proceso de toma de decisiones, que pasaría a ser liderado por un Comité de Inversiones presidido por el Ministerio de Economía y Finanzas.
También se busca fortalecer el rol rector de este ministerio en la evaluación del impacto fiscal de los proyectos cofinanciados y se prevé la reestructuración de los órganos de gobernanza, incorporando un directorio técnico y autónomo, sin la participación de ministros, y con al menos un director independiente seleccionado mediante concurso público.
