Gobierno instalará ahora cámaras de videovigilancia en 500 taxis para 'combatir' extorsiones y sicariato

Debido a que la delincuencia se encuentra desbordada en la capital, el Gobierno ha propuesto ahora la instalación de cámaras de videovigilancia en los vehículos de transporte público, cuyos choferes vienen siendo atacados y hasta asesinados por las bandas criminales que les cobran cupos.

En una última mesa de trabajo realizada en el Congreso, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, precisó que la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) comenzará, la próxima semana, la convocatoria para la compra de 16.000 cámaras que serán instaladas en 8.000 buses, cústeres y combis. Dijo esto en el marco de las protestas que realizan diversos gremios de transportistas que esperan acciones del Gobierno y el Congreso.

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El ministro señaló además que se colocarán cámaras exteriores en 500 taxis formales para que funcionen como ‘patrulleros ciudadanos’ y se instalarán 300 pórticos de vigilancia en toda la ciudad, las cuales tendrán cámaras de vigilancia con antenas RFID que reporten no solo la velocidad del vehículo, sino también el número de placa.

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“También se implementarán 1.000 cámaras adicionales en puntos estratégicos de Lima y Callao”, respondió tras agregar que la adjudicación de este proceso de compra está prevista para julio próximo. Es decir, la medida no será efectiva porque aún tomará tiempo.

El titular del MTC mencionó que este sistema de videovigilancia tendrá tecnología de reconocimiento facial, lo que permitirá identificar a personas involucradas en hechos delictivos, y estará interconectado con la Policía Nacional, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida y efectiva. “Los datos serán almacenados de forma segura en discos duros y una nube administrada por la ATU”, afirmó.

Apoyan ley contra llamadas desde penales

En otro momento, manifestó que, junto con los ministerios del Interior y Justicia, se encuentran concluyendo la reglamentación del Decreto Legislativo nº 1688, que establece sanciones a las empresas operadoras que permitan comunicaciones ilegales desde penales y centros juveniles. La finalidad es bloquear la señal tanto dentro como en los alrededores de estas prisiones. Y es que las extorsiones también se dirigen desde estos centros penitenciarios.