Aymaras rechazan presencia de FF. AA. en Ilave: exigen justicia por militares ahogados
Se cumplió 1 año del ahogamiento de 6 soldados en el río Ilave. Autoridades originarias acordaron que mientras no se sancione a responsables no habrá paz y no bajarán la guardia contra el Gobierno.
El 5 de marzo de 2023 seis soldados se ahogaron en el río Ilave y tras cumplirse un año de aquel luctuoso suceso se desarrollaron una serie de actividades. Tenientes gobernadores y dirigentes en los diversos actos protocolares programados dejaron en claro que mientras no haya justicia por los fallecidos, el Ejército y la Policía Nacional no serán bienvenidos por todos los abusos que se registraron durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte.
Los actos conmemorativos iniciaron con una misa en el templo de San Miguel. No estuvieron los familiares directos porque el Ejército los convocó para este 6 de marzo a otra ceremonia dentro del cuartel Pachacutec. Varios deudos señalaron a La República que el Ejército nos conminó a no asistir a la convocatoria de la sociedad civil.
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Tras el acto litúrgico, en la plaza de Armas, se izaron a media asta la bandera del Perú e Ilave. La ceremonia se llevó a cabo en un contexto en el que el municipio de El Collao declaró duelo por el deceso de los seis soldados y a la vez hijos de comuneros aymaras.
Ningún sancionado
La patrulla de 42 soldados tenía la misión de llegar caminando a Juli, para resguardar las instalaciones militares en dicha localidad. Los comuneros los hicieron retroceder.
De retorno, les dieron alcance en calidad de apoyo otros 17 soldados vestidos de civil, lo que hizo un total de 59 uniformados.
El capitán Josué Frisancho Lazo, luego de reprimir con bombas lacrimógenas a los comuneros que los seguían, ordenó a los soldados cruzar el río Ilave para llegar más rápido al cuartel Pachacutec. Murieron seis ahogados sin ningún tipo de ayuda de sus compañeros. Otros cinco fueron auxiliados por los comuneros. Ningún militar fue sancionado.
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Al pie del altar que se levantó en memoria de los que fallecieron sobre la carretera entre el centro poblado de Ocoña e Ilave, los dirigentes advirtieron que tienen el acuerdo de darle una sanción social a las Fuerzas Armadas. No los aceptarán hasta que se sancione a los responsables.
Fortunato Santuyo Cáceres, autoridad originaria, consideró que el Ejército no tiene legitimidad porque se develaron que no tienen reparos en mentir con tal de salvar responsabilidades y proteger al gobierno.
“Como no hay justicia, no vamos a recibir al Ejército, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior. Como no nos da la razón (en cuanto) a justicia, por lo tanto, no necesitamos de ellos. No solo lo sigo yo. Es decisión de la mayoría. Vamos a mantener esa decisión de rechazo”, aseguró.
Lucio Callo Callata indicó que por acuerdo no se va a permitir la reapertura de la Comisaría de Ilave porque durante los meses de protesta los miembros de orden abrieron fuego indiscriminadamente que le costó la vida al comunero Isidro Arcata Mamani.
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“Encima por los soldados no hay justicia. Entre ellos se protegen. En memoria de ellos no podemos quedarnos con los brazos cruzados”, precisó.
En tanto, Martha Mamani, dirigente de la zona media de Ilave, aseguró que el Gobierno los ha estigmatizado tanto que no hay forma de que desistan de su posición contra el Estado y las Fuerzas Armadas.
“La lucha continúa. Ya hemos decidido desligarnos del Ministerio del Interior y ahora somos autoridades originarias. Para nosotros el subprefecto no significa nada, solo representa el Gobierno. Mientras no haya justicia, no habrá reconciliación”, precisó.
Un testigo directo de los hechos
Liubomir Fernández, de La República, fue el único periodista que estuvo en el lugar de los hechos. Su cobertura desmintió la versión del Gobierno, que indicaba que los soldados ingresaron al río al verse atacados por manifestantes. Luego de dar información, empezó a ser difamado y amenazado en redes sociales por haber reportado sobre la muerte de los soldados del Ejército en Ilave. Fernández recibió el apoyo de las comunidades del lugar y de organizaciones periodísticas locales e internacionales.
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