Peajes: juez deniega medida cautelar que intentó promover Rafael López Aliaga

El Segundo Juzgado Constitucional de Lima declaró improcedente una medida cautelar presentada por tres asociaciones de vecinos de Puente Piedra y respaldada por el alcalde Rafael López Aliaga, la cual buscaba que Rutas de Lima entregara los peajes el 29 de julio, según el plazo previsto en el proceso de caducidad del contrato de concesión que inició el municipio metropolitano en enero pasado.

Acuden al Poder Judicial

Este caso se remonta al 23 de mayo pasado, cuando el juez Jonathan Valencia López, del Segundo Juzgado Constitucional de Lima, admitió a trámite la demanda de amparo que presentaron la asociación de vivienda Camino al Mar, la asociación de tercera edad Laderas Corazón y la asociación provivienda Nuevo Amanecer de Puente Piedra, las cuales solicitaban que la empresa Rutas de Lima devuelva a la comuna capitalina los terrenos y bienes de la concesión (peajes).

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Esto “para impedir que siga vulnerando los derechos constitucionales a la educación, al libre desarrollo de la personalidad, a no ser discriminado por su condición económica y a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida”, se lee en los documentos a los que tuvo acceso La República.

Así, el 2 de junio, las asociaciones presentaron una medida cautelar para que la Municipalidad de Lima tome posesión de los peajes de la Panamericana Norte y Sur desde el 29 de julio, teniendo en cuenta que la audiencia única virtual de la acción de amparo se va a realizar recién el 29 de diciembre próximo.

Estrategia fallida

Cuatro días después, el 6 de junio, el alcalde de Lima pidió participar como litisconsorte en el proceso y hacer suya la medida cautelar. Coincidentemente, desde esa fecha, López Aliaga empezó a lanzar un ultimátum a Rutas de Lima para que el 29 de julio pasado devuelva los “peajes manchados por la corrupción”. Sin embargo, la fecha llegó y no hubo ninguna novedad.

Es más, el 31 de julio último, el juez Jonathan Valencia López denegó la medida cautelar y desde ese momento el alcalde de Lima se quedó en silencio. Posteriormente, la procuraduría de la comuna solicitó a la Fiscalía iniciar investigación contra Brookfield, mayor accionista de Rutas de Lima, por presunto lavado de activos a favor de Odebrecht.

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Reapareció el alcalde

Ayer, durante un evento en el Palacio Municipal, reapareció López Aliaga y señaló que entre hoy y mañana se manifestará.

“Todavía estoy negociando con esta gente corrupta para que se vaya de una vez (…) En resumen, exprimen a la gente más vulnerable para darles de comer a unos señorones, facturando más de 100 millones de dólares al año y no haciendo ninguna obra”, afirmó el alcalde, quien el 2 y 3 de agosto se reunió con un funcionario y el titular del MEF.

La vecina Mercedes Trujillo, vocera de una de las asociaciones que presentaron la medida cautelar, señaló que son víctimas del peaje de Chillón desde hace 10 años. “Una opción sería que lo remuevan después de Ancón, como antes”, dijo. En tanto, el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, lamentó que López Aliaga les haya vendido falsas expectativas.

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Empresa pide intervención del Gobierno

Tras reiterar que el Tribunal Arbitral Internacional es el único órgano competente para resolver este tema, Rutas de Lima solicitó la intervención inmediata del Gobierno para que “cese la violación de derechos”.

"Hay acciones orientadas a apropiarse ilegalmente de los peajes, violando las órdenes del Tribunal Arbitral internacional que ordenó suspender el proceso de caducidad”, manifestó.

Resolución judicial

A través del expediente 02632-2023-50-1801-JR -DC-02, se deniega la medida cautelar que apoyaba el alcalde.