Robert Prevost: “La pena de muerte no es admisible”

Tras el abuso que sufrió una niña en la región Lambayeque, el obispo de la Diócesis de Chiclayo, monseñor Robert Prevost, rechazó estos hechos violentos que generó la indignación en la población, sin embargo, dijo que la iglesia no acepta la pena de muerte y propone un trabajo conjunto para evitar situaciones similares y que prime la justicia.

“Este caso es lamentable. Se tiene que ver las causas y las razones para reformar la sociedad, que implica la formación de los niños y jóvenes y no vuelva a pasar este tipo de casos”, expresó a los medios de comunicación.

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En esa línea, pidió a la justicia actuar de forma eficiente y célere; aunque recalcó que está a favor de la vida en todo momento. “En la iglesia enseñamos que la pena de muerte no es admisible, ni siquiera en un hecho trágico como este. Hay que ver otras formas de buscar la justicia”, refutó Prevost.

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Castración química

Para la autoridad eclesiástica, la castración química no sería viable en el caso de sujetos acusados de violación sexual. “La castración química se está discutiendo mucho, pero en el país donde se utiliza, tampoco convencen los resultados.

Intentar controlar estas manifestaciones (delitos) tienen que ser tratadas a fondo. Esta medida como efecto disuasorio, no es eficaz. Los expertos tendrán que evaluar”, remarcó.

Prevost aseguró que la venganza no está a la altura del ser humano, si no lo disminuye en su condición de persona.

“Es importante un llamado a la sociedad. La Diócesis de Chiclayo rechaza el abuso sexual, la violencia, el secuestro, la trata de personas. Creo que es importante buscar las causas de los hechos y encontrar soluciones”, insistió.

Se solidarizó con la familia, aunque reconoció que no hay modo de cómo suavizar el dolor que se siente ante el daño que sufrió una niña. Finalmente, anotó que actuar sangre por sangre, no es respuesta.

A favor de la pena de muerte

Por su parte, el gobernador regional de Lambayeque, Luis Díaz, se mostró a favor de la pena de muerte por crímenes en agravio de niños. Incluso, planteó al Ejecutivo se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).