Ejecutivo transfirió más de S/440.000 para traslado aéreo de venezolanos expulsados por delitos

El Gobierno peruano autorizó la transferencia de más de 400.000 soles para el Ministerio de Defensa con la finalidad de que se dé el traslado aéreo de venezolanos expulsados, debido a que estuvieron involucrados en actos delictivos o por situación migratoria irregular al presentar documentos falsos. Este transporte retornará a estos ciudadanos a su lugar de origen a partir del sábado 2 de octubre de 2021, por lo cual la entidad deberá seguir una estructura programática para recibir esta gran suma de dinero.

Asimismo, el Ministerio del Interior solicitó al Ministerio de Defensa disponer el uso de un avión para el traslado de los ciudadanos. Por ello, el transporte designado será la aeronave Boeing 737-200, el cual puede transportar a 72 pasajeros.

Para este uso, el Ministerio de Defensa también pidió que se le implemente “filtros de aire particulado de alta eficiencia (HEPA), ya que son necesarios para la purificación y recirculación del aire en cabina y reduce un posible contagio de la COVID-19″.

Por otro lado, la institución consideró que los pasajeros “deberán contar con su carné de vacunación o en su defecto con una prueba COVID-19 negativa, debiendo usar doble mascarilla y protector facial mientras se encuentren en la aeronave”.

Mininter trabaja en proyecto para expulsión de extranjeros que cometan delitos

El ministro del Interior, Juan Carrasco Millones, informó que el sector se encuentra elaborando un proyecto para expulsar a los ciudadanos extranjeros que cometan delitos en el Perú. “Estamos trabajando un proyecto para la expulsión de esos migrantes que ya tienen la resolución de expulsión”, mencionó en declaraciones a la prensa desde Chiclayo.

Defensoría se pronuncia sobre expulsión a ciudadanos venezolanos

La Defensoría del Pueblo recordó que el Estado Peruano prohíbe las expulsiones colectivas de extranjeros, ya que se incumpliría el principio de no devolución. “Las decisiones de expulsión deben guardar irrestricto respeto de las garantías procesales aplicables, como el derecho a la defensa, debida motivación, a recurrir la decisión, y tomar en cuenta principios como la unidad familiar y el interés superior del niño”, se lee en el pronunciamiento.

“Monitoreamos en todo el país que las actuaciones de las instituciones involucradas se desarrollen en el marco del respeto a los derechos humanos”, agregó.