En Perú, 6 de cada 10 mujeres fueron víctimas de violencia, según el INEI

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, pero las políticas públicas de nuestro país aún son insuficientes para erradicar este flagelo social. En el Perú, el 63.2% de las mujeres de 15 a 49 años de edad sufrieron algún tipo de violencia psicológica, física o sexual por parte del esposo o compañero, según los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

Esta problemática necesita la atención de las autoridades con más urgencia en las regiones de Apurímac, Cusco y Puno (82.7%, 80.6% y 79.1% correspondientemente), ya que superan con creces el promedio nacional.

Según esta misma información, proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 58,9% de mujeres declararon que su esposo o compañero ejerció violencia psicológica y/o verbal. Las agresiones más frecuentes fueron los celos (41.0%) y la insistencia en saber a dónde va (37.1%), es decir, el afán de control sobre sus víctimas.

También figuran las situaciones humillantes y las amenazas con irse de la casa o quitarles la tutela de sus hijos o la ayuda económica.

Como las situaciones de violencia usualmente escalan progresivamente, según especialistas, un 30,7 % de encuestadas revelaron que fueron agredidas físicamente por sus parejas, en algún momento de sus vidas.

Además, la forma más extrema de violencia, la sexual, fue perpetrada contra el 6.8% de mujeres en el Perú.

El 6.3 % de ellas manifestaron que fueron obligadas a tener relaciones sexuales contra su voluntad.

Ello demuestra que los maltratos resultan sistemáticos en muchas relaciones, lo que ocasiona toda una serie de problemas sociales y de salud física y mental en las mujeres.

Creencias erróneas

Además, estos números evidencian lo que las mujeres padecen a lo largo de sus diferentes etapas de vida; sin embargo, aún hay muchos estereotipos que no permiten ver la problemática en toda su magnitud.

Por ejemplo, se cree que solo las mujeres sin educación o las más empobrecidas son violentadas por su pareja, cuando las cifras demuestran que las que tienen formación académica superior y poseen mayores ingresos también son agredidas. Es decir, la violencia contra la mujer es transversal a todos los sectores socioeconómicos y no discrimina, debido a que abarca a mujeres de todos los grupos etarios. (Ver gráficos del 2019)

¿Y la búsqueda de ayuda?

Según la misma encuesta, solo el 4.8% de las mujeres que sufrieron maltrato físico buscaron ayuda en personas cercanas. Con mayor frecuencia recurren a sus madres, a algún amigo, vecino o parientes.

Y apenas el 28,9% de mujeres maltratadas físicamente denunciaron formalmente a sus agresores. La institución donde más recurren por apoyo es a las comisarías (74.1%), seguido por la Fiscalía y el Poder Judicial.

Ello significa que el 71.1 % no llegó a presentar una denuncia, debido al temor a la humillación, vergüenza o no saber dónde buscar el apoyo necesario.

Aún así, según los registros de la Policía Nacional, en el 2018, el total de denuncias denuncias por violencia familiar registradas alcanzó 222.376 casos, cifra que se incrementó en 35.106 con relación al año 2017.

En cambio, el número de víctimas que acudieron al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y fueron atendidas por el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual-PNCVFS, en el mismo periodo, asciende a 133.697

Así, este contraste también evidencia que las comisarías aún son los lugares a donde las mujeres acuden, principalmente, por ayuda ante casos de violencia, pues el doble de víctimas acudieron a estos lugares antes que al MIMP. Sin embargo, una vez allí, muchas veces son revictimizadas, cuestionadas e incluso culpabilizadas por la violencia que ejercen contra ellas.

Precisamente, conscientes de estos problemas que se manifiestan en el bajo porcentaje de denuncias, la Defensoría del Pueblo ha advertido que urge una estrategia de implementación conjunta y articulada que organice la acción de los operadores de justicia (Policía, Ministerio Público y Poder Judicial) en función de objetivos, resultados, acciones, indicadores y metas comunes entre las instituciones integrantes.

“Para ello, también se debe establecer un mecanismo de seguimiento o monitoreo de la ejecución e implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia, el cual debe ser una respuesta sistémica al problema de la violencia contra las mujeres”, señalan a través de un comunicado emitido con motivo de esta fecha.

La institución también exhorta sobre la necesidad de contar con un sistema de registro de medidas de protección y continuar capacitando a jueces y juezas en enfoque de género. Y una mayor interoperabilidad entre las instituciones para un fortalecimiento del Registro Único de Víctimas y Agresores (RUVA), cuya integración pasa por superar limitaciones técnicas y presupuestales.

“Estas acciones integrales e interinstitucionales son fundamentales y es obligación del Estado ofrecer una respuesta oportuna e integral a las víctimas de violencia basada en género, más aún cuando vivimos un contexto marcado por la pandemia y las dificultades en el acceso a los servicios. Para un camino sin violencia, urge integrar el sistema especializado y ponerlo al servicio de las mujeres para una adecuada justicia y reparación”, concluye la Defensoría.