Arequipa: Detienen a cinco por presuntamente desviar más de S/ 60 mil de reparaciones civiles

Edwar Quispe

Imagine que usted presenta una demanda judicial y el fallo de su proceso le es favorable. Además de la condena contra el demandado, el juez puede ordenar el pago de un dinero por los daños ocasionados. Ese importe se llama reparación civil.

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Una vez que el culpable abona el monto es endosado en un cheque a nombre del litigante por los secretarios de sala de cada juzgado. El cheque se puede cobrar en el Banco de la Nación. Pero, ¿qué pasa si usted no lo reclama? El dinero permanece en las arcas del Estado.

Una investigación de la Fiscalía y la Policía de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), dentro de la Corte de Arequipa, puso al descubierto que servidores judiciales, un procurador del Ministerio Público y dos civiles se apoderaban de las reparaciones civiles.

Fueron detenidos los secretarios de sala Jefferson Dalhit Rodríguez Lavado, del juzgado de Paucarpata, y Roberto Víctor Salas Vilca de la Corte de Arequipa. Ellos fueron los primeros en ser descubiertos como los presuntos autores del delito.

De acuerdo a la investigación, se apoderaron de más de 60 mil soles transferidos a la cuenta del procurador del Ministerio Público de Lima, José Luis Portocarrero Bustamante, y dos civiles: Yudi Ccallo Mallqui y Karen Ranilla Calisaya. La última es estudiante de Derecho y hacía prácticas en el despacho en que trabajaba Rodríguez.

En noviembre del año pasado, el Órgano Descentralizado de Control de la Magistratura (Odecma) de Arequipa se dio cuenta que los fondos eran desviados a las cuentas de personas ajenas a los casos juzgados.

Siguiendo el hilo de la madeja, descubrieron que estas operaciones ilegales se realizaron entre 2018 y 2019. Luego de acopiar pruebas en su contra, hicieron una denuncia ante el Ministerio Público de Arequipa.

La fiscal anticorrupción Marita Cueva asumió el caso. Junto a los agentes de la Diviac, determinaron que se desviaron más de 217 reparaciones civiles, las mismas que fueron a parar a manos del procurador y de las dos civiles.

Luego de revisar documentación de los juzgados y el sistema informático del Poder Judicial, pidieron al juez de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Churata Quispe, la detención preliminar por 7 días de los procesados por los delitos de peculado doloso, apropiación ilícita y fraude informático doloso. El magistrado la aprobó.

La captura de los 5 implicados se realizó ayer de manera simultánea cerca de las 10 de la mañana. Salas fue detenido en la sede central de la Corte, Rodríguez en el Módulo de Justicia de Paucarpata, el procurador fue capturado en Lima y ayer fue trasladado a Arequipa. En tanto, las dos civiles cayeron en el distrito de Paucarpata.

Después de pasar exámenes médicos legistas y el control de identidad en la Corte, los internaron en la Comisaría de Cerro Colorado para seguir con las diligencias en su contra.

Ingresaban a sistema

Cada trabajador de juzgado tiene un código para ingresar y obtener información del sistema interno del Poder Judicial. Haciendo uso de los suyos, Vilca y Rodríguez podían revisar en qué procesos aún no se había cobrado el dinero y en qué módulo de justicia.

Según el jefe de la Odecma, Johnny Cáceres Valencia, se valieron de errores para echar mano del dinero. Cuando comenzaron a revisar el sistema, se dieron cuenta que ambos ingresaban y se apoderaban de montos de entre 100 y más de mil soles. Las autoridades no descartan que haya más involucrados. Se incautaron los documentos de los juzgados y los celulares de los sospechosos. Todo esto será analizado. Hasta ayer los detenidos guardaron silencio.

Salas fue quien absolvió a alcalde Candia

No es la primera vez que Roberto Salas Vilca es cuestionado. Él se desempeñaba como juez supernumerario (provisional) y en julio de 2018 absolvió al alcalde provincial Omar Candia por la compra de cámaras de seguridad cuando era alcalde de Alto Selva Alegre. Sin embargo, la Odecma lo sancionó en junio del 2019 por demorar el proceso, al tardar dos semanas en notificar al Ministerio Público y retrasar la apelación de los fiscales del caso. La Odecma lo multó con el 1% de descuento de su sueldo. Su veredicto se anuló y finalmente otro magistrado condenó al burgomaestre.