Alcalde de Pucallpa anula resolución que favorecía a invasores de terrenos
Gerente de Asesoría Jurídica del municipio, Guillermo Lobo Aguinaga, se retiró del caso porque es amigo de los abogados de los usurpadores del predio de 9.74 hectáreas en Yarinacocha.
La República en GoogleEl alcalde provincial de Coronel Portillo (Pucallpa), Segundo Pérez Collazos, dejó sin efecto una resolución de su gerente de Asesoría Jurídica, Guillermo Lobo Aguinaga, que beneficiaba a un grupo de usurpadores de predios privados en Yarinacocha.
La decisión la adoptó el burgomaestre pucallpino luego que el propio Guillermo Lobo aceptó apartarse del caso por “razones de decoro” y pidió anular la resolución de su autoría que afectaba al propietario del terreno invadido, el empresario Ramón Miranda Eyzaguirre.
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Precisamente Mario Miranda, apoderado de su hermano Ramón Miranda, se quejó ante el alcalde Segundo Pérez porque Guillermo Lobo intervino en el caso mediante una resolución que favorecía a los usurpadores, cuyos abogados son amigos del funcionario edil.
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Cuando lo apropiado era que acogiera el reclamo de Miranda, quién demostró que los invasores pretendían el reconocimiento legal del municipio con documentos fraguados, Guillermo Lobo rechazó la solicitud del empresario afectado.
El dueño del terreno luego se enteraría que Guillermo Lobo no había actuado de manera imparcial, porque era amigo de los abogados Roberto Ápac Barrueta y Christian Pimentel Aguirre, defensores de los representantes de los invasores del terreno de Mario Miranda.
Roberto Ápac había sido procurador del municipio provincial de Coronel Portillo en la administración anterior, la que no solo desestimó todas las acciones de Ramón Miranda sino también hizo una denuncia fiscal por supuestamente haber falsificado su propia firma, una acción descabellada que fue desestimada por el Ministerio Público. Además, Ápac había actuado como abogado de los dirigentes de los invasores, y por si fuera poco, él mismo vivía en dicho terreno usurpado.
Mientras tanto, Christian Pimentel fue uno de los abogados de Guillermo Lobo cuando este fue detenido el 25 de marzo de este año como presunto integrante de una organización criminal enquistada en la Dirección Regional Agraria de Ucayali que se dedicaba al tráfico de terrenos del Estado.
El abogado Roberto Ápac fue uno de los organizadores de la vigilia por la libertad de Guillermo Lobo, quien efectivamente consiguió la excarcelación, aunque sigue siendo investigado por el fiscal Wilber Huamanyauri Cornelio.
Fotografías que comprueban la relación de amistad de Guillermo Lobo, Christian Pimentel y Roberto Ápac aparecen en diarios de Pucallpa y en las redes sociales de algunos de los abogados mencionados.
Al comprobar la vinculación de Guillermo Lobo con los abogados de los invasores de su terreno, el empresario interpuso una queja que dejaba en evidencia el conflicto de intereses del gerente de Asesoría Jurídica del municipio provincial de Coronel Portillo.
Mediante resolución del 17 de octubre, el alcalde Segundo Pérez Collazos aceptó “la abstención por decoro de Guillermo Lobo Aguinaga” sobre el caso del empresario Ramón Miranda, y dispuso la nulidad de la resolución suscrita por dicho funcionario que favorecía a los usurpadores del predio de Yarinacocha.
En su defensa, Guillermo Lobo afirmó que había suscrito la resolución “garantizando haber resuelto conforme a ley, con objetividad, imparcialidad y previo consenso con otros abogados del equipo legal del municipio”.
Pero admitió que, “a razón de haberse dudado sobre su imparcialidad, no puedo seguir conociendo del presunto asunto, solicitando por un lado se acepte su abstención por decoro, y por otro, se promueva la nulidad de oficio de la resolución” que emitió que en términos prácticos beneficiaba a los invasores del terreno de Yarinacocha.
Ahora corresponde al nuevo funcionario encargado, Rocío Vargas Delgado, desestimar el requerimiento de los invasores de la propiedad del empresario Ramón Miranda Eyzaguirre y demostrar que en la administración del alcalde Segundo Pérez Collazos no se apoya ni protege el tráfico de terrenos como habría sucedido en la anterior administración municipal.
